Revisión de Pensiones por Invalidez: ANDIS Detecta Irregularidades y Anuncia Reforma en San Juan

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha comenzado una revisión exhaustiva del sistema de pensiones no contributivas por invalidez en todo el país, revelando preocupantes irregularidades en el otorgamiento de estos beneficios. La revisión, que arrancará en agosto, tiene como objetivo esclarecer y rectificar las inconsistencias detectadas en el sistema.

A nivel nacional, el informe inicial indica que solo el 7% de las pensiones por invalidez cumplen con los requisitos establecidos, mientras que se estima que hasta el 40% de los casos podrían estar afectados por irregularidades. En San Juan, hasta junio de 2024, se contabilizan 25.126 pensiones activas, representando 3.054 pensiones por cada 100.000 habitantes.

El actual director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, encabezó una auditoría que descubrió múltiples irregularidades. Se identificaron problemas graves, como el uso indebido de certificados médicos, la emisión de pensiones por parte de médicos sin matrícula habilitante y la entrega de beneficios a personas que no cumplían con los criterios de invalidez establecidos por la normativa.

El monto mensual de cada pensión en julio de 2024 es de $220.907, lo que implica una erogación estatal anual superior a USD 3.600 millones. La ANDIS ha señalado que el proceso de otorgamiento de pensiones no contribuye adecuadamente a la transparencia, siendo complejo de auditar y muy susceptible al fraude.

En respuesta a estas irregularidades, ANDIS ha anunciado que se implementará un nuevo sistema 100% digital para mejorar la transparencia y eficiencia del proceso. Esta modernización busca reducir el tiempo de tramitación en un 75%, de dos o tres años a menos de un año, y asegurar que los beneficios sean otorgados de manera justa y objetiva.

El informe enviado al Senado por el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, destaca que el cambio hacia un sistema digital permitirá una mayor trazabilidad y reducirá la posibilidad de fraudes. La auditoría a nivel nacional, que iniciará en agosto, se enfocará en revisar los casos otorgados incorrectamente y asegurar que se mantengan únicamente los beneficios que correspondan legítimamente a las personas en situación de invalidez.

Con estas medidas, se espera corregir las deficiencias del sistema y garantizar que el programa de pensiones por invalidez funcione de acuerdo con los estándares establecidos para proteger a quienes verdaderamente lo necesitan.