Gobierno Disuelve Unidad Especial para la Investigación de Menores Desaparecidos durante la Dictadura
El Ejecutivo de Javier Milei ha decidido disolver la Unidad Especial de Investigación que se encargaba de la búsqueda e identificación de menores desaparecidos durante la dictadura militar.
En una reciente medida, el Gobierno de Javier Milei disolvió la Unidad Especial de Investigación encargada de la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar. Esta decisión, firmada por el presidente Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se basa en la argumentación de que la normativa establecida en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner “invade competencias del Ministerio Público Fiscal” y afecta la división de poderes consagrada en la Constitución Nacional.
La Unidad Especial de Investigación, que operaba bajo el aval del Poder Ejecutivo, tenía como objetivo reforzar el trabajo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y se encargaba de la búsqueda e identificación de hijos de desaparecidos y personas nacidas en cautiverio. Esta entidad contaba con facultades de investigación y acceso a archivos públicos.
El Gobierno justificó la disolución citando jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece que otorgar facultades jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo dispuesto en los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional. El decreto también advirtió que estas facultades son de competencia exclusiva del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, y no del Poder Ejecutivo.
La resolución subrayó que Argentina tiene obligaciones internacionales derivadas de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que exigen la investigación judicial de graves violaciones a los derechos humanos para garantizar la protección de los derechos fundamentales.
Para cumplir con estos compromisos internacionales, la Procuración General de la Nación, mediante la Resolución PGN N° 435 del 23 de octubre de 2012, había creado una ‘Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado’ dentro de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. La disolución de la Unidad Especial de Investigación ha generado un debate sobre la continuidad y efectividad de las investigaciones relacionadas con los delitos de la dictadura.
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