El Gobierno suspende a más de 8.500 cooperativas por irregularidades y exige transparencia

En el marco de una auditoría realizada a cabo por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, tomó la decisión de suspender a 8.588 cooperativas de trabajo debido al hallazgo de diversas irregularidades en su funcionamiento. Además, intimó a 7.887 cooperativas a que regularicen su situación administrativa bajo la amenaza de perder la autorización para operar.

Irregularidades detectadas

Entre los principales hallazgos, se identifican:

• Un aumento del 139% en el registro de cooperativas entre 2019 y 2023.
• Incumplimientos en la presentación de documentación obligatoria, como actas de asambleas y balances contables.
• Personas asociadas simultáneamente a múltiples cooperativas, con casos extremos de hasta 14 afiliaciones por individuo, lo cual contradice el principio de exclusividad de estas organizaciones.
• La suspensión de más de 10.000 cooperativas desde 2019 sin el debido inicio de sumarios administrativos.

Además, se descubrió que un tercio de los casi $30.000 millones en subsidios otorgados durante el gobierno de Alberto Fernández fueron dirigidos a entidades vinculadas con movimientos sociales, principalmente del espectro peronista.

Vínculos con movimientos sociales

Entre las organizaciones más beneficiadas con los subsidios se destacan el Movimiento Evita, el MTE, la CCC y Barrios de Pie. Estas entidades habrían recibido fondos a través de programas como Potenciar Trabajo, urbanización de barrios y Alimentar. Según la auditoría, durante el período 2020-2022, dirigentes como Emilio Pérsico, Juan Grabois y Juan Carlos Alderete gestionaron cientos de millones de pesos desde el INAES y la Secretaría de Economía Social, conducida por el propio Pérsico.

Medidas correctivas

El Ministerio intimó a las 7.887 cooperativas en falta a actualizar la documentación requerida y alinearse con la normativa vigente. Desde el INAES, señalaron que estas buscan “recuperar la legalidad y transparencia de un sector acciones que operó en la oscuridad y sin control”.

Esta intervención pone en el centro del debate el uso de fondos públicos y la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización para evitar el mal uso de las cooperativas como herramientas de clientelismo político.