La ministra de Gobierno, Laura Palma, aclaró que el Gobierno no participa en la negociación salarial
En medio de la tensa situación del transporte público en San Juan, marcada por amenazas de paro por parte de los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la ministra de Gobierno, Laura Palma, se refirió este miércoles a las demandas planteadas por la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). La ATAP solicitó la intervención del Gobierno provincial y un subsidio de $3.000 millones para poder hacer frente al pago de salarios exigidos.
En declaraciones a DIARIO HUARPE, Palma destacó que hasta el momento no ha recibido comunicación oficial sobre la posibilidad de que se lleve a cabo alguna medida de fuerza por parte de ATAP. «No tengo conocimiento oficial de que se vaya a realizar alguna medida de fuerza. He leído sobre el tema en los medios de comunicación, pero oficialmente, la ATAP no me ha informado sobre inconvenientes con la UTA», expresó la ministra.
ATAP enfrenta una compleja situación debido al incumplimiento del acuerdo salarial firmado en noviembre a nivel nacional, que implica la resolución de diferencias salariales antes del 28 de febrero. Ricardo Salvá, referente de la asociación, insistió en la necesidad de la intervención del Gobierno provincial, indicando que «es imprescindible la intervención del Gobierno para solucionar la crisis que atraviesa el sector».
A pesar de la urgencia de Salvá, Palma destacó que la negociación salarial debe ser llevada a cabo directamente entre ATAP y la UTA, y reiteró que el Gobierno no forma parte de esta negociación. «Estamos en comunicación constante. El tema salarial debe ser resuelto entre ATAP y la UTA. No tengo información oficial sobre una posible medida de fuerza ni sobre un pedido de reunión para discutir este tema», indicó la ministra.
El reclamo de los transportistas también incluye la necesidad de actualizar la estructura de costos del transporte, ya que el precio actual del boleto de $560, establecido en julio de 2024, no cubre los costos operativos, los cuales han aumentado considerablemente debido al alza en el precio del combustible y otros insumos. Salvá indicó que el boleto mínimo debería ser de $770 para poder afrontar las deudas acumuladas.
La situación es cada vez más crítica, ya que, según Salvá, si no se resuelven los problemas antes de los plazos establecidos, un paro que afectaría gravemente el servicio de la Red Tulum sería inevitable. «El sector cuenta con 1.650 trabajadores, y el aumento será escalonado, comenzando con el pago de una parte del salario de noviembre, que debe abonarse en febrero», concluyó.
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