Alberto Fernández apeló su procesamiento y solicitó ser sobreseído en la causa por violencia de género.

Este viernes, Fernández presentó un recurso de apelación para revocar su procesamiento y pidió que se disponga su sobreseimiento en el caso penal que lo vincula con su expareja, la ex primera dama Fabiola Yañez. En la presentación judicial, según informó el diario Clarín, se solicita que se revoque la decisión y se desestimen todas las imputaciones.

El juez federal Julián Ercolini había considerado al exmandatario responsable de dos episodios de lesiones leves y un caso de lesiones graves, agravadas por el vínculo, el abuso de poder y amenazas coactivas. Las penas por estos delitos pueden variar entre 3 y 18 años de prisión, según el fallo.

Para impugnar esta resolución, la defensa de Fernández, liderada por la abogada Silvina Carreira, presentó un escrito de 59 páginas ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en el que solicita que se revoque el procesamiento y se declare su sobreseimiento.

El expresidente rechaza las acusaciones y sostiene que la decisión judicial carece de pruebas concluyentes. En su apelación, la defensa argumenta que la valoración de las pruebas fue subjetiva y no se basó en hechos verificables, señalando la ausencia de evidencia directa de los hechos denunciados.

Uno de los elementos clave en la causa son los chats que Yañez presentó, en los que relataba discusiones con Fernández y mencionaba episodios de violencia, acompañados de imágenes de hematomas en su cuerpo. Sin embargo, la defensa impugna la validez de estos mensajes, alegando que no fueron extraídos del dispositivo original y, por lo tanto, no se puede verificar su autenticidad.

Además, en el procesamiento, el juez Ercolini resolvió embargar bienes de Fernández por un valor de 10 millones de pesos (alrededor de 10 mil dólares) y mantuvo la orden de restricción de acercamiento a su expareja a menos de 500 metros, tanto físicamente como por medios electrónicos. No obstante, dejó sin efecto la prohibición de salir del país que le había sido impuesta en agosto del año pasado.