Ocho comerciantes lograron evitar un juicio en el marco del megafraude que involucró la compra de insumos y mercaderías para el Escuadrón 26 de Barreal y el centro de formación ‘Gendarme Félix Manifior’ de Gendarmería Nacional, al abonar un total de $17.270.000. Este acuerdo se alcanzó después de que las partes involucradas cancelaran las sumas comprometidas, evitando el proceso judicial que había sido iniciado en septiembre de 2014.
Entre los comerciantes que participaron en el acuerdo, Carlos David Samat se comprometió a pagar $1.500.000 en cuatro cuotas, una modalidad similar a la acordada por Juan Carlos Tapia ($2.000.000), Ever Oscar Pastén ($2.500.000), y Pablo Darío Riquelme ($4.400.000). Otros pagos incluyeron $670.000 de Juan Eduardo Pósleman, $1.700.000 de Adrián Alexis Rojo, y un compromiso conjunto de $4.500.000 de María Ester González y Emilio Alfredo Amín.
Este caso fue parte de una investigación más amplia que reveló un mecanismo de fraude dentro de Gendarmería, principalmente a través de la compra de materiales para el mencionado Escuadrón y el centro de formación, ubicado en Barreal, Calingasta. La denuncia original fue realizada en septiembre de 2014, y la Fiscalía Federal demostró que el segundo comandante, Jorge Ariel Castro, quien estuvo a cargo de la Unidad Técnica Administrativa Contable entre 2012 y 2014, fue el principal responsable de las maniobras fraudulentas. Castro irá a juicio junto a su pareja, Noelia Fernanda Soruco, y el comerciante Alberto Alejandro Sosa, quien no pudo pagar la cantidad exigida debido a su elevada suma.
El acuerdo de reparación integral fue posible gracias a la intervención del fiscal federal, Fernando Alcaraz, quien permitió esta salida para extinguir la acción penal, una decisión ratificada por los jueces del Tribunal Oral Federal, Daniel Doffo, Eliana Rattá y Hugo Echegaray. Las irregularidades fueron descubiertas durante una auditoría interna que reveló prácticas como la utilización abusiva de un mecanismo ‘excepcional’ para compras, la compra indebida de celulares en áreas restringidas, sobreprecios, y mercaderías facturadas pero no entregadas, entre otros fraudes.
En su momento, se estimó que el fraude inicial fue de aproximadamente 6 millones de pesos, y se sospecha que parte de ese dinero fue utilizado por Castro para la compra de propiedades y vehículos que luego fueron registrados a nombre de su pareja, quien no tenía empleo.
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