San Juan: 17 amenazas de bomba en lo que va de 2025
San Juan atraviesa un año marcado por reiteradas amenazas de bomba que obligaron a la evacuación de escuelas, oficinas públicas, hospitales e incluso recitales. Desde marzo hasta septiembre se registraron 17 episodios, con distintos responsables identificados, incluidos menores de edad y adultos que enfrentan causas judiciales.
El primer incidente ocurrió el 6 de marzo, cuando un llamado anónimo obligó a activar el protocolo en el Centro Cívico. El 19 de mayo, la amenaza llegó al colegio María Auxiliadora, protagonizada por un adolescente de 14 años.
Junio fue un mes con varios episodios:
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3 de junio: amenaza en el Hospital Rawson; la bioquímica responsable fue imputada.
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4 de junio: evacuación de tres escuelas por amenazas simultáneas.
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7 de junio: nuevamente el Centro Cívico, con un menor de 13 años señalado.
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9 de junio: escuela Eugenia Belín Sarmiento de Rawson, con un menor de 12 años como autor.
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11 de junio: escuela Enrique Mosconi, amenaza hecha por un adolescente de 13 años.
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30 de junio: escuela Boero, donde dos alumnos mayores de edad fueron detenidos y multados con $4 millones en cuotas.
En agosto, se produjo un hecho de gran repercusión:
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1 de agosto: durante el show de Lali Espósito en el estadio Aldo Cantoni, un hombre de 74 años fue detenido y condenado a prisión en suspenso y multa de $10.000.
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20 de agosto: nueva amenaza en el Centro Cívico.
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26 de agosto: evacuación de varias escuelas agrotécnicas por un llamado anónimo.
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27 de agosto: escuela Secundaria Augusto Pulenta en Villa Don Bosco, San Martín.
En septiembre, la seguidilla continuó:
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4 de septiembre: doble aviso en el Centro Cívico y una amenaza a la escuela Doctor Pablo Ramella de Rawson.
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12 de septiembre: alerta en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas.
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15 de septiembre: evacuación de la escuela La Capilla en Villa Calingasta.
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16 de septiembre: el Centro Cívico fue desalojado nuevamente tras una amenaza.
Las autoridades destacan que, si bien en varios casos los responsables fueron adolescentes, otros enfrentan imputaciones judiciales por delitos graves. Los protocolos de seguridad se mantienen activos para proteger a la población y garantizar la rápida intervención ante cada amenaza.
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