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El Gobierno desreguló los aranceles de las escuelas privadas: podrán fijar matrículas y cuotas sin autorización estatal

A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional dispuso la desregulación de los aranceles de las escuelas de gestión privada, eliminando el requisito de autorización previa que regía desde 1993.

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La medida deroga el Decreto 2417/1993, que durante más de tres décadas obligaba a los colegios privados a comunicar y solicitar aprobación al Estado antes de modificar el valor de sus matrículas o cuotas. Desde ahora, los establecimientos podrán fijar sus precios libremente, sin intervención estatal.

En los fundamentos, el Gobierno argumenta que el esquema anterior “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. Según el texto, la norma derogada fue concebida en un contexto de administración educativa centralizada, que perdió sentido tras la transferencia de competencias a las provincias.

El Ejecutivo sostiene además que la intervención estatal en la fijación de aranceles generó efectos contraproducentes, afectando la sustentabilidad económica de los colegios. Al tener que anticipar los precios con meses de antelación y esperar la aprobación oficial, los establecimientos tendían a fijar cuotas más altas por precaución, lo que —según el decreto— perjudicaba a las familias y reducía su capacidad de elección.

La nueva normativa también enfatiza el derecho de propiedad y la libertad contractual de los institutos privados, que podrán definir salarios y condiciones de contratación sin autorización previa. Para el Gobierno, la rigidez del sistema anterior podía incluso “afectar la calidad educativa”, al limitar la posibilidad de responder con agilidad a aumentos de costos.

Como paso complementario, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano para revisar el Decreto 2542/1991, base del financiamiento de la educación privada, y presentar una propuesta de actualización. El objetivo, según el texto oficial, es avanzar hacia un esquema que garantice la libre competencia y la sostenibilidad del sector educativo privado.

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