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ESCÁNDALO DEL ACUEDUCTO: OSSE SE DESLIGA DE MONTI PERO SEÑALA AL REGISTRO DE COMERCIO COMO CLAVE

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La investigación sobre el «Acueducto gate» ha tomado un rumbo técnico tras la reciente respuesta de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) a la Justicia. Si bien la entidad informó que el empresario Gustavo Monti —primo del exgobernador— no aparece de forma nominal en los contratos de la obra Gran Tulum, dejó abierta la sospecha al sugerir que se investiguen las sociedades comerciales en el Registro Público de Comercio.

LA RESPUESTA DE OSSE: SIN NOMBRES, PERO CON DUDAS

A través de un oficio judicial, la firma estatal aclaró que en la documentación analizada no figuran ni Monti ni su empresa, PVC San Juan SRL, como adjudicatarios directos. Sin embargo, OSSE fue cautelosa al admitir que no conoce la identidad de todos los socios que integran las constructoras participantes.

Esta aclaración es crucial: la empresa estatal reconoce que un nombre puede estar «oculto» detrás de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, por lo que instó a los jueces a buscar la verdad en las inscripciones de sociedades mercantiles de la provincia.

AVANCES EN EL ÁMBITO PENAL Y ROL DEL ESTADO

Mientras se cruzan datos administrativos, la justicia penal, liderada por el fiscal Sebastián Gómez, ha dado pasos significativos:

  • Convocatoria a Fiscalía de Estado: Se ha invitado formalmente al organismo a ser parte querellante en la causa. El Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, ya confirmó que se presentarán para proteger el patrimonio provincial si se comprueba el desvío de fondos.

  • Denuncia de Corrupción: La presentación realizada por Marcelo Arancibia pone bajo la lupa delitos de enriquecimiento ilícito y fraude a la administración pública.

UNA OBRA MILLONARIA BAJO SOSPECHA

El conflicto no solo es político, sino financiero. El Acueducto Gran Tulum se financió con un préstamo de 100 millones de dólares de Kuwait, una deuda que la provincia ya está cancelando a pesar de que los trabajos siguen inconclusos. La Justicia busca determinar si hubo irregularidades en las licitaciones y certificaciones de una obra que, hasta el día de hoy, no beneficia a los sanjuaninos.

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