ACUEDUCTO GATE: UN DOCUMENTO OFICIAL REVELA LA CONEXIÓN DEL PRIMO DE UÑAC CON LA LICITACIÓN DE LOS CAÑOS
Salió a la luz un expediente clave que data de marzo de 2016, el cual expone por primera vez la vinculación formal entre Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac, y la firma Krah América Latina S.A.. Esta empresa fue la adjudicataria de la provisión de cañerías para la megaobra del Acueducto Gran Tulum, un proyecto hoy paralizado y envuelto en sospechas de sobreprecios y fallas de calidad.
LA PRUEBA DOCUMENTAL
El documento en cuestión es un Acta Acuerdo de Readecuación de Contrato, fechada el 22 de marzo de 2016. En el texto oficial, Gustavo Horacio Monti firma en calidad de apoderado de la empresa Krah América Latina S.A. ante Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
El expediente detalla los siguientes puntos críticos:
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Parties intervinientes: El acuerdo fue rubricado por el entonces presidente de OSSE, C.P.N. Sergio Fabián Ruiz, y por Gustavo Monti en representación de la contratista.
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Objeto del contrato: La «Provisión de Cañerías y Piezas Especiales de Polietileno de Alta Densidad» correspondientes a la Licitación Pública Nº 2224.
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Montos millonarios: El presupuesto oficial de dicha licitación ascendía, en valores de aquel entonces, a $51.109.881,03.
LA OBRA BAJO LA LUPA: CALIDAD Y DEUDAS
La revelación de este vínculo familiar y comercial agrava la situación en torno al Acueducto Gran Tulum, proyectado para abastecer al «San Juan del millón de habitantes». Actualmente, la calidad de las tuberías provistas por la firma alemana se encuentra cuestionada, y los trabajos en la obra están paralizados.
A pesar de que la infraestructura no avanza, la Provincia ya ha comenzado a afrontar el pago del crédito kuwaití, fondo internacional con el cual se financió la compra de estos materiales ahora bajo investigación.
CONFLICTO DE INTERESES
La firma de Monti como apoderado en un contrato millonario con el Estado provincial, siendo familiar directo de la máxima autoridad de ese momento, abre un nuevo capítulo judicial y político. El documento, que lleva la firma final de aprobación bajo la decisión del presidente de la sociedad estatal, confirma la readecuación de la contratación hecha en la licitación pública.

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