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Sanción histórica para Branka Motors tras ausentarse de una audiencia clave

La empresa no compareció ante Defensa al Consumidor, se dio por fracasada la conciliación y el expediente fue elevado a la Justicia. Hay cientos de damnificados.

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El conflicto que involucra a Branka Motors sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que la empresa no se presentara a la audiencia conciliatoria convocada por Defensa al Consumidor. Ante la ausencia del representante legal y la falta de propuestas para resolver los reclamos, el organismo provincial resolvió cerrar la instancia administrativa y avanzar con la sanción más severa prevista por la ley.

Según confirmaron fuentes oficiales, la firma será penalizada con una multa equivalente a 210 canastas básicas, el tope máximo permitido por la normativa vigente. En paralelo, el expediente será girado a la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), donde se analizarán posibles responsabilidades penales.

Desde Defensa al Consumidor señalaron que la audiencia representaba una oportunidad para reparar los incumplimientos denunciados por los clientes, pero la incomparecencia de la empresa terminó por agravar su situación. “No hubo ningún tipo de propuesta ni voluntad de solución”, indicaron desde el organismo.

Actualmente, el número de denuncias asciende a 287, aunque no se descarta que la cifra continúe aumentando en los próximos días. Los reclamos abarcan distintos escenarios: compradores que no recibieron las motocicletas abonadas, clientes que no obtuvieron la devolución del dinero y otros que, pese a contar con los vehículos, no pueden patentarlos por falta de documentación.

En términos económicos, la sanción tendría un impacto millonario. De acuerdo al último relevamiento del INDEC, la Canasta Básica Total para una familia tipo supera el millón trescientos mil pesos, por lo que el monto total de la multa rondaría los 275 millones de pesos, convirtiéndose en una de las más altas aplicadas en San Juan.

Mientras avanza la investigación judicial, Defensa al Consumidor continuará interviniendo en los casos de usuarios que poseen las motocicletas sin la documentación correspondiente. Para ello, el organismo trabaja con agencias proveedoras que comercializaron los rodados a la empresa denunciada y que conservan los papeles necesarios.

Desde el área provincial insistieron en la importancia de que las empresas cumplan con las instancias de conciliación. “Cuando no hay voluntad de reparar el daño, el conflicto pasa a otra etapa, mucho más compleja”, advirtieron.

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