EL DIARIO DIGITAL DE LOS ALBARDONEROS

Guerra judicial por el Sable Corvo: los documentos que ponen en duda la legalidad del traslado ordenado por el Gobierno

Testamentos, donaciones y un “pacto de caballeros” reavivan el conflicto por la histórica reliquia de San Martín, trasladada el 7 de febrero al Regimiento de Granaderos a Caballo

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El reciente traslado del Sable Corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, ordenado por el presidente Javier Milei y concretado el 7 de febrero en Santa Fe, reabrió una disputa que trasciende lo simbólico y se instala de lleno en el terreno judicial, histórico y patrimonial. Historiadores y descendientes de la familia Terrero aseguran que la medida podría ser ilegal y contradice de manera directa la voluntad testamentaria y las condiciones de la donación que rigen sobre la emblemática pieza.

El debate no se limita al destino físico de una reliquia, sino que pone en discusión el sentido mismo del patrimonio nacional y el respeto por los actos jurídicos que marcaron el recorrido histórico del sable que acompañó a San Martín en sus campañas emancipadoras.

Una pieza única y cargada de historia

El Sable Corvo es un arma de origen persa, de 91,8 centímetros de longitud, caracterizada por su profunda curvatura continua. Fabricado en acero damasquino, su hoja es más antigua que la montura y responde a un modelo muy difundido entre la caballería napoleónica, considerado más eficaz que las espadas rectas de la época. La empuñadura es de ébano de Ceilán, la vaina de cuero y los detalles de bronce, en un diseño sobrio y funcional, acorde al estilo personal del Libertador.

San Martín lo adquirió en Londres tras renunciar al ejército español y antes de regresar al Río de la Plata para organizar la lucha independentista. Con ese sable llegó a estas tierras y en su figura se inspiraron los latones del Regimiento de Granaderos a Caballo, creado el 16 de marzo de 1812.

Testamento, exilio y herencia

Tras las guerras de la independencia, la entrevista de Guayaquil y la muerte de Remedios de Escalada, San Martín enfrentó un clima político hostil en Buenos Aires. Según relató, fue objeto de espionaje y persecuciones, lo que lo llevó al exilio junto a su hija Mercedes.

Antes de partir, dejó el sable en Mendoza bajo custodia de Josefa Ruiz Huidobro. En 1837, desde París, solicitó que se lo enviaran a Europa, donde permaneció colgado en su habitación hasta su muerte en 1850.

Durante el exilio, San Martín mantuvo una fluida correspondencia con Juan Manuel de Rosas, a quien respaldó durante el Bloqueo Francés. En ese contexto, el 23 de enero de 1844, incorporó en su testamento una cláusula decisiva: la donación del sable a Rosas como reconocimiento por la defensa del honor nacional frente a las potencias extranjeras.

De Rosas a la Nación

Tras la muerte del Libertador, Mariano Balcarce envió el sable a Rosas, quien lo conservó en su exilio en Southampton. En su testamento de 1877, Rosas legó la reliquia a su amigo Juan Nepomuceno Terrero. A través de esa línea sucesoria, el sable llegó a Máximo Terrero, esposo de Manuelita Rosas.

En 1896, la familia Terrero inició gestiones con Adolfo Carranza, fundador y primer director del Museo Histórico Nacional, para donar la pieza al Estado argentino. La entrega se concretó en 1897 y quedó formalizada mediante un decreto presidencial que dispuso su depósito en el museo.

Según la documentación aportada, se trató de una donación con cargo, es decir, condicionada expresamente a que el sable permaneciera en el Museo Histórico Nacional como bien patrimonial de acceso público.

Robos, traslados y controversias

El sable fue sustraído en 1963 y 1965 por grupos vinculados a la resistencia peronista. Tras su recuperación, en 1967 el presidente de facto Juan Carlos Onganía ordenó su traslado al Regimiento de Granaderos a Caballo, donde permaneció durante 48 años.

En 2015, el arma fue restituida al Museo Histórico Nacional por decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en consonancia con la voluntad original de la familia donante.

El traslado dispuesto el 7 de febrero de 2026 vuelve a alterar ese statu quo y reactiva una causa judicial que aún no está cerrada.

La Justicia y los documentos clave

Aunque la Justicia rechazó una medida cautelar, la jueza interviniente abrió nuevas instancias y realizó pedidos concretos: partidas de nacimiento que acrediten la línea sucesoria desde Juan Nepomuceno Terrero; la correspondencia entre Carranza y la familia donante para confirmar la donación con cargo; y precisiones del Gobierno nacional sobre el lugar, las condiciones de preservación y el cuidado del sable.

Además, la familia aportó una carta del entonces interventor del museo durante el onganiato, el capitán de navío Humberto Burzio, quien advertía que el sable debía permanecer en el museo por tratarse de una donación condicionada.

La historiadora Araceli Bellota, exdirectora interina del Museo Histórico Nacional, presentó un amicus curiae en el que sostiene que el Regimiento de Granaderos no reúne las condiciones técnicas adecuadas para la conservación de la pieza.

Patrimonio, memoria y una disputa abierta

El caso excede lo jurídico. Remite al concepto moderno de patrimonio nacional, surgido tras la Revolución Francesa, que concibe a estos bienes no como propiedad del poder de turno, sino como memoria colectiva de los pueblos.

Para los descendientes de la familia Terrero y los especialistas involucrados, el traslado del Sable Corvo no sería más que una decisión política coyuntural que vulnera mandatos históricos y jurídicos claros.

La disputa continúa en los tribunales. Y, como suele ocurrir cuando la historia es forzada, todo indica que volverá para reclamar coherencia.

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