EL DIARIO DIGITAL DE LOS ALBARDONEROS

EL GOBIERNO ACTIVARÁ EL PROTOCOLO ANTIPIQUETES ANTE LA MARCHA DE LA CGT

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En una jornada que se anticipa de alta tensión política, el Gobierno nacional ratificó que aplicará el protocolo antipiquetes durante la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este miércoles. La protesta coincide con el debate en el Senado de la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei.

DETALLES DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD

El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, dispuso medidas estrictas para asegurar el orden público:

  • Fuerzas Federales: Se confirmó un importante despliegue de efectivos para monitorear la movilización.

  • Vallado Estratégico: Habrá perímetros de seguridad reforzados en la Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso de la Nación.

  • Garantía de Circulación: El objetivo central del protocolo es prevenir cortes totales de calles y garantizar el libre tránsito frente a una marcha que se prevé multitudinaria.


LOS PUNTOS DEL CONFLICTO

Desde la central obrera, que ya evalúa avanzar hacia un paro nacional si no hay respuestas, calificaron el proyecto oficialista como una «redacción maliciosa» que favorece a grandes corporaciones en detrimento de las pymes.

Los ejes que generan mayor rechazo sindical son:

  1. Fondo de Cese Laboral: La propuesta busca reemplazar el sistema actual de indemnizaciones.

  2. Banco de Horas: Los gremios denuncian que esta medida precariza la jornada de trabajo.

  3. Autonomía Sindical: Cuestionan las limitaciones que el proyecto impone a la estructura de las organizaciones.

LA POSTURA DEL SINDICALISMO

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, fue tajante al señalar que la modernización laboral debería «ampliar derechos y no quitarlos». El dirigente alertó sobre la pérdida diaria de empleos y cuestionó la falta de diálogo real, criticando que el Gobierno no haya generado ámbitos de discusión técnica con todos los actores sociales.

Asimismo, la CGT inició una ronda de presión política sobre los gobernadores, solicitándoles que sus senadores no acompañen una ley que consideran regresiva para los trabajadores argentinos.

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