Caso Branka Motors: este miércoles la Justicia define si los dueños siguen presos durante la investigación
La jueza Carolina Parra dará a conocer su resolución sobre la situación procesal de los hermanos Marcó y su socio. La Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva y un año de investigación penal preparatoria.
La causa conocida como Caso Branka Motors sumó este martes un nuevo capítulo en Tribunales, aunque sin definiciones concretas. Tras una segunda audiencia, la magistrada Carolina Parra dispuso un cuarto intermedio y anunció que este miércoles 4 de marzo, a las 13 horas, comunicará si los tres acusados continuarán detenidos o recuperarán la libertad mientras avanza la investigación.
Los imputados son los hermanos Jonathan David Marcó y Alexis Javier Marcó, junto a su socio Facundo Agustín Banega Suvire. Los tres permanecen alojados en la Comisaría 27°, a la espera de que se resuelva su futuro procesal en el marco de la megacausa.
El fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, solicitó que se les dicte prisión preventiva por seis meses y que la investigación penal preparatoria se extienda por el plazo de 12 meses, en función de la magnitud y complejidad del expediente.
Detenciones y presentación voluntaria
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Guillermo Heredia, los hermanos Marcó fueron detenidos el sábado por la mañana en sus respectivos domicilios. En tanto, Banega no fue localizado inicialmente, por lo que se emitió una orden de captura y fue incluido en el parte policial.
Sin embargo, el domingo el acusado se presentó de manera voluntaria en la Comisaría 27°, acompañado por su abogado defensor, quedando también a disposición de la Justicia.
El mecanismo investigado
Según la hipótesis fiscal, la firma ofrecía motocicletas a precios inferiores a los valores de lista de los proveedores y hasta un 50% más baratos que los comercios reconocidos del rubro. La captación de clientes se realizaba principalmente a través de redes sociales y del “boca en boca”, lo que habría permitido ampliar rápidamente la cartera de compradores.
Una causa de gran magnitud
El expediente es uno de los aspectos más relevantes del proceso: se investigan 348 hechos con un presunto perjuicio patrimonial que supera los 510 millones de pesos. Desde la Fiscalía remarcaron que la cantidad de denuncias y la complejidad de las maniobras denunciadas fueron determinantes para solicitar las detenciones.
En cuanto a posibles salidas alternativas, el fiscal confirmó que los imputados realizaron propuestas de reparación integral del daño. No obstante, dichas ofertas fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos necesarios para compensar adecuadamente a las víctimas. “No eran suficientes”, resumió el representante del Ministerio Público.
La definición judicial que se conocerá este miércoles será clave para determinar si los acusados transitan la investigación tras las rejas o en libertad.
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