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Prisión preventiva para los acusados en la causa Branka Motors

La Justicia ordenó dos meses de detención para los tres imputados mientras avanza una investigación que tendrá un plazo de un año. La magistrada consideró acreditada la existencia del delito y advirtió riesgo procesal si recuperaban la libertad.

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Tras una extensa audiencia, la jueza de Garantías Carolina Parra dispuso la prisión preventiva por el término de dos meses para Alexis Javier Marcó, Jonathan David Marcó y Agustín Banegas Subiría, señalados como responsables de la presunta estafa vinculada a la firma comercial “Branka Motors”.

En su resolución, la magistrada sostuvo que existen elementos de convicción suficientes que permiten tener por acreditada, en esta etapa inicial, la probable comisión del delito. Además, remarcó que la libertad de los imputados podría entorpecer la investigación, configurándose así el peligro procesal.

El Ministerio Público Fiscal contará con un plazo de un año para profundizar la pesquisa. Según lo expuesto en audiencia, los acusados están imputados como coautores del delito de defraudación por engaño en concurso real, en perjuicio de al menos 348 personas. De comprobarse su responsabilidad en un eventual juicio, la pena podría alcanzar hasta seis años de prisión de cumplimiento efectivo, dada la magnitud de los hechos investigados.

Cómo operaba la firma

De acuerdo con la teoría fiscal, la estructura funcionaba en un local ubicado sobre Avenida Rioja, en Capital, entre julio de 2025 y enero de 2026. Durante ese período, habría desplegado estrategias comerciales destinadas a captar clientes y aparentar una solvencia económica inexistente.

La investigación descarta que se trate de meros incumplimientos contractuales y sostiene que existió un ardid planificado para inducir a error a los compradores. La maniobra se habría desarrollado bajo tres modalidades principales.

La primera consistía en la denominada “venta de contado”, mediante contratos de adhesión que prometían la entrega de motocicletas 0 km en un plazo de 20 días. Sin embargo, incluían cláusulas que permitían prorrogar la entrega por supuesta falta de stock o rescindir la operación con devolución diferida del dinero, algo que —según la Fiscalía— rara vez se concretaba.

La segunda modalidad ofrecía planes de financiación en 12, 24 o 36 cuotas fijas. Tras el pago de las primeras cuotas, se iniciaba supuestamente el trámite de retiro del rodado, aunque los plazos quedaban sujetos a condiciones operativas manejadas por los propios imputados.

Finalmente, se aplicaba una “cláusula de retención” en los casos de incumplimiento. Los clientes debían firmar un formulario de baja que establecía un plazo de 90 días hábiles para la devolución del dinero, con una quita del 40% en concepto de gastos administrativos.

Para la Fiscalía, la operatoria respondía a una lógica similar a un esquema de tipo Ponzi, donde el dinero aportado por nuevos clientes se utilizaba para cubrir obligaciones previas, sin que existiera una actividad comercial real que respaldara las operaciones ni la efectiva entrega de las motocicletas prometidas.

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