Reforma laboral: el Gobierno promulgó la nueva ley y ya rigen cambios en indemnizaciones, vacaciones y contratación
La norma de modernización laboral fue publicada en el Boletín Oficial tras su aprobación en el Congreso. Introduce modificaciones en despidos, horas extras, licencias y beneficios laborales, además de nuevos mecanismos para la contratación y la capacitación.
El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral, una reforma que introduce cambios significativos en el régimen de trabajo en Argentina. La normativa, aprobada la semana pasada por el Congreso tras una extensa sesión, fue publicada en el Boletín Oficial y ya comenzó a regir en todo el país.
El texto definitivo de la ley cuenta con 25 capítulos y contempla modificaciones en aspectos centrales del sistema laboral, como el cálculo de indemnizaciones por despido, la organización de las horas de trabajo, las vacaciones y los mecanismos de contratación.
Durante el debate parlamentario, el oficialismo eliminó uno de los artículos más cuestionados del proyecto original. Se trata del artículo 44, que planteaba cambios en el régimen de licencias médicas y proponía que, en casos de enfermedad o accidentes no laborales, el trabajador percibiera entre el 50% y el 75% del salario. Finalmente, ese punto fue retirado para lograr el apoyo de sectores aliados.
Uno de los cambios centrales de la reforma está vinculado con la forma de calcular las indemnizaciones por despido. A partir de ahora, la base de cálculo se determinará únicamente sobre la remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador, dejando fuera conceptos no mensuales como el aguinaldo, las vacaciones o premios extraordinarios.
Además, la ley establece que la indemnización será la única compensación económica en los casos de despido sin causa, en el marco de lo que el Gobierno definió como un intento de reducir la llamada “industria del juicio”.
Entre las novedades también aparece la posibilidad de implementar un sistema de banco de horas, de carácter voluntario, que permitirá compensar horas extra con períodos de descanso acordados entre el empleador y el trabajador.
La normativa también flexibiliza el régimen de vacaciones. Se mantiene el período habitual entre el 1 de octubre y el 30 de abril, pero se habilita la posibilidad de acordar fechas fuera de temporada y fraccionar el descanso anual, siempre que uno de los períodos tenga al menos siete días corridos.
Otro de los ejes es la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, pensado como una herramienta para cubrir los costos de desvinculación laboral y obligaciones indemnizatorias. En este esquema, las empresas deberán realizar aportes mensuales que serán del 1% en el caso de grandes compañías y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas.
La reforma también simplifica los procesos de registración laboral mediante un sistema digital ante el organismo ARCA, que será considerado suficiente para acreditar la relación laboral. Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante un período de diez años.
En materia de beneficios sociales, la ley redefine qué conceptos pueden considerarse no remunerativos, como servicios de comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares o capacitaciones.
Entre otros puntos, la norma incorpora un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral destinado a promover la capacitación y mejorar la empleabilidad, especialmente entre jóvenes y personas sin experiencia laboral. También crea un Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, orientado a fomentar inversiones en tecnología y expansión productiva.
Por otra parte, se prevé una reducción de cargas sociales para facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo y se establece que los convenios laborales firmados a nivel de empresa dentro de una provincia podrán prevalecer sobre acuerdos colectivos de alcance nacional.
Finalmente, el Gobierno adelantó que esta reforma se complementará con un proyecto de reforma fiscal integral, que buscará promover acuerdos entre la Nación y las provincias para reducir la carga tributaria sobre la actividad económica.
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