Demanda colectiva contra el Banco San Juan por presuntos descuentos indebidos de seguros
La asociación Usuarios y Consumidores Unidos reclama una multa superior a $2.300 millones y el reintegro del dinero a los clientes afectados
La organización presentó una acción judicial en la que también solicita el cese inmediato de los débitos, la devolución de las sumas cobradas con intereses y que se determine la responsabilidad civil de la entidad financiera.
La asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) presentó una demanda colectiva contra el Banco San Juan por presuntos descuentos indebidos en concepto de seguros aplicados a cuentas de clientes, entre ellos jubilados. La organización asegura haber recibido numerosos reclamos y sostiene que la práctica sería “ilegal” y “abusiva”.
El planteo judicial fue impulsado por el apoderado de la entidad, el abogado Diego González Vila, quien solicitó que se ordene el cese inmediato de los cobros, el reintegro de las sumas debitadas con los intereses correspondientes y que se declare la responsabilidad civil genérica del banco. De prosperar ese último punto, cada cliente afectado podría iniciar posteriormente un reclamo individual por los daños sufridos.
Además, el letrado pidió que se aplique una multa por daño punitivo que sería distribuida entre los damnificados. El monto solicitado equivale a 2.100 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 3, indicador que publica el INDEC y que representa el máximo previsto por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Según el cálculo presentado en la demanda, tomando como referencia el valor de la CBT de febrero —que para una familia de tres integrantes alcanzó los $1.112.710— la sanción total ascendería a $2.336.691.000.
En el expediente se presentaron 14 casos testigo de clientes que denuncian haber sufrido los descuentos. Sin embargo, en su respuesta judicial, el banco informó que cuenta con 86.412 clientes que poseen algún tipo de seguro vinculado a las compañías Sancor y Qualia.
De acuerdo con la presentación, mientras algunos usuarios habrían contratado voluntariamente estos servicios, otros sostienen que los débitos se realizaron sin autorización expresa, motivo por el cual acudieron a la asociación para reclamar la intervención judicial.
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