La Justicia ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes que el Gobierno nacional deberá aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, luego de rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo. De esta manera, el tribunal ratificó la medida cautelar que ordena cumplir con lo establecido en la normativa sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y ratificada en octubre del mismo año tras el veto presidencial.

La decisión fue tomada por la Sala III del tribunal, integrada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, quienes avalaron el fallo de primera instancia que obliga al Ejecutivo a implementar los artículos 5 y 6 de la ley. Estas disposiciones establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y la recomposición del monto de las becas estudiantiles.

Según detalla la resolución, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 había concedido previamente la medida cautelar solicitada por las entidades universitarias y declaró inaplicable el decreto 795/23 en relación con la ley 27.795. En ese sentido, se ordenó al Gobierno cumplir “de forma inmediata” con las disposiciones incluidas en los artículos mencionados.

El artículo 5 establece que los salarios del personal universitario deben actualizarse tomando como referencia un porcentaje que no puede ser inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma. Por su parte, el artículo 6 dispone que los programas de becas estudiantiles también deben recomponerse según la evolución acumulada de la inflación.

En su argumentación, la Cámara sostuvo que, al haber sido ratificada la ley por el Congreso con el voto de los dos tercios de ambas cámaras tras el veto presidencial, el proceso legislativo quedó definitivamente cerrado. Por ese motivo, consideró que no existen mecanismos que permitan suspender o demorar su aplicación.

Asimismo, el tribunal señaló que la postura del Gobierno de intentar postergar la implementación mediante normas de menor jerarquía podría afectar el principio de división de poderes y el funcionamiento del sistema republicano.

La acción judicial había sido impulsada a través de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con otras entidades del sistema universitario. La cautelar fue dictada inicialmente en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick.

Tras conocerse el fallo, desde el ámbito universitario celebraron la decisión. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, afirmó en redes sociales que la Justicia “volvió a darle la razón a las universidades” y remarcó que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado. Además, advirtió que no acatar la resolución judicial podría derivar en una situación de gravedad institucional.