Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares tras una extensa sesión y en medio de protestas
La Cámara baja sancionó los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La modificación redefine el alcance de las áreas protegidas y generó manifestaciones frente al Congreso.
Luego de una maratónica sesión, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma a la Ley de Glaciares, un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que introduce modificaciones al régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial.
La iniciativa obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, y se convirtió en ley tras contar previamente con media sanción del Senado desde el 26 de febrero. De esta manera, el oficialismo logró una nueva victoria legislativa al concretar uno de los compromisos asumidos con gobernadores de provincias cordilleranas.
La reforma modifica la Ley 26.639 al redefinir el alcance de las áreas protegidas. En particular, establece una distinción entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciares”. A partir de ahora, la inclusión de estas zonas dentro de las reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos que deberán realizar las autoridades ambientales de cada jurisdicción.
Ese criterio determinará qué sectores se incorporarán al Inventario Nacional de Glaciares y, en consecuencia, cuáles quedarán bajo un régimen de protección especial. Desde el oficialismo sostienen que la modificación permitirá otorgar mayor previsibilidad jurídica a las inversiones en regiones cordilleranas.
La aprobación de la norma fue celebrada por el Gobierno nacional. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Oficina del Presidente destacó que los cambios buscan “precisar la normativa vigente para garantizar seguridad jurídica y fortalecer el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales”.
El comunicado también afirmó que la reforma apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, especialmente en sectores vinculados a la minería y a la explotación de hidrocarburos.
Protestas y operativo de seguridad
Mientras el proyecto se debatía dentro del recinto, en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina se registraron protestas de organizaciones ambientales y sociales que rechazaban la reforma.
Durante la jornada, efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desplegaron un fuerte operativo de seguridad en el centro porteño. En distintos momentos se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que intentaban marchar hacia el Palacio Legislativo.
El despliegue incluyó camiones hidrantes, infantería y patrullas motorizadas, además de un vallado amplio alrededor del Congreso que restringió el acceso a los alrededores.
En ese contexto también fueron detenidos nueve activistas de Greenpeace que habían desplegado un cartel de protesta en el Monumento a los Dos Congresos para expresar su rechazo a la reforma.
Qué cambia con la nueva ley
La modificación introduce un cambio clave en la categorización del ambiente periglaciar. A partir de ahora, la protección no abarcará automáticamente a todo ese territorio, sino que quedará sujeta a determinar si las formaciones cumplen una función hídrica estratégica.
De esta manera, se distingue entre geoformas que actúan como reservas de agua y aquellas que no tienen un rol comprobado en la recarga de cuencas. Solo las primeras conservarán un régimen de protección estricta.
El nuevo esquema mantiene la protección total sobre los glaciares, pero abre la posibilidad de habilitar actividades económicas en zonas periglaciares que no cumplan funciones hídricas relevantes.
Además, el Inventario Nacional de Glaciares continuará bajo la órbita técnica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), mientras que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, encargada de coordinar las tareas de identificación de las áreas protegidas.
La normativa conserva la prohibición de realizar actividades que alteren significativamente la condición natural de los glaciares, como vertidos contaminantes, obras de gran escala, minería o explotación de hidrocarburos en las zonas que mantengan su estatus de protección. Al mismo tiempo, permite investigaciones científicas, operativos de rescate y deportes de bajo impacto como el andinismo.
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