Millonaria reparación por la estafa de Branka Motors: pagarán $524 millones a 358 damnificados
La Justicia aceptó el acuerdo propuesto por los imputados. Si cumplen con el pago en cinco cuotas, los acusados serán sobreseídos en la causa.
La causa por la presunta estafa de la firma Branka Motors tuvo un giro clave este miércoles en la Justicia sanjuanina. La jueza de Garantías Ana Carolina Parra avaló un acuerdo de reparación económica presentado por los imputados, mediante el cual se comprometieron a pagar $524 millones a 358 personas que denunciaron haber sido estafadas con la compra de motocicletas.
El acuerdo fue propuesto por los hermanos Jonatan y Alexis Marcó, junto a su socio Facundo Agustín Banega Suvire, quienes están imputados en la investigación que lleva adelante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Guillermo Heredia.
Según lo establecido en la audiencia, cada damnificado recibirá aproximadamente $1.400.000, monto que será abonado en cinco cuotas iguales. El primer pago se realizará dentro de 15 días, según indicaron fuentes judiciales. En caso de que los acusados cumplan con la totalidad del acuerdo, podrán acceder al sobreseimiento en la causa.
No obstante, uno de los damnificados decidió no aceptar la propuesta, por lo que su reclamo continuará su curso por la vía judicial.
El caso tomó notoriedad pública en enero, cuando decenas de afectados se manifestaron en la intersección de avenida Rioja y 25 de Mayo, en Capital, denunciando que la concesionaria había cobrado motocicletas que nunca fueron entregadas.
La investigación derivó en allanamientos y detenciones durante el primer fin de semana de marzo. Los hermanos Marcó fueron arrestados en sus domicilios de Santa Lucía y Chimbas, mientras que Banega Suvire se presentó de manera voluntaria en una comisaría de Rivadavia. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y posteriormente fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial.
En paralelo a la causa penal, intervino Defensa del Consumidor, cuyo titular Fabiana Carrizo convocó a una audiencia de conciliación entre las partes. Sin embargo, la empresa no se presentó, por lo que el organismo aplicó la multa máxima prevista por la normativa vigente y dio por cerrada la instancia administrativa.
Con el acuerdo homologado por la Justicia, ahora el foco estará puesto en el cumplimiento del plan de pagos, condición clave para que los imputados logren cerrar definitivamente el proceso judicial.
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