Este martes se llevó a cabo una audiencia clave en los Tribunales de San Juan tras la denuncia por injurias presentada por el exjefe de la Policía, Luis Martínez, contra el ex oficial ayudante Gabriel Riveros Alday. El conflicto se originó por una serie de publicaciones en redes sociales, especialmente en TikTok, donde el efectivo tildó de «corrupto» al exjefe de la fuerza durante la gestión de Sergio Uñac.
LAS ACUSACIONES DE RIVEROS ALDAY
A la salida del encuentro judicial, Riveros Alday ratificó sus dichos y vinculó el término «corrupción» a diversas irregularidades administrativas ocurridas durante la jefatura de Martínez:
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Irregularidades en fondos: Mencionó robos en contaduría, desvío de adicionales, sustracción de autopartes y manejo de combustibles.
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Falta de control: Cuestionó que el exjefe no estuviera al tanto de transferencias ilegales o descuentos indebidos en los haberes de los funcionarios.
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Abandono personal: Denunció haber sufrido persecución y falta de apoyo tras haber sido herido con tres disparos en cumplimiento de su deber.
LA POSTURA DE LUIS MARTÍNEZ
El exjefe de la Policía fundamentó su decisión de iniciar la querella en la necesidad de proteger su honor y el bienestar de su familia. Martínez afirmó que las opiniones vertidas por Riveros Alday no son correctas y han impactado negativamente en su prestigio personal y profesional.
«He resuelto recurrir a la justicia para dirimir esta situación con términos muy agraviantes de los que vengo siendo objeto hace tiempo», declaró el exfuncionario, quien confió en el esclarecimiento de los hechos a través del proceso judicial.
DISPUTA POR LA SITUACIÓN LABORAL
Otro foco de conflicto es el estado administrativo de Riveros Alday dentro de la fuerza:
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Postura del efectivo: Asegura que su cesantía está impugnada y que el cargo por «abandono de servicio» es improcedente, ya que su ausencia se debió a una internación por depresión en el Hospital Marcial Quiroga.
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Proceso judicial: La audiencia estuvo presidida por el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi. La querella es representada por los abogados Débora Morales Ortiz y Martín Torcivia, mientras que la defensa del policía está a cargo de Marcelo Adrián Salinas.
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