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Justicia de Menores Caso Lucía Rubiño: el juicio será reservado y sin acceso al público

El adolescente acusado de atropellar y matar a la joven enfrentará un proceso que se desarrollará bajo estrictas normas del Sistema Penal Juvenil. El debate comenzará este miércoles y se extendería durante más de un mes.

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El juicio por la muerte de Lucía Rubiño comenzará este miércoles en San Juan y estará marcado por una característica central: se realizará a puertas cerradas. El proceso judicial, que genera una fuerte expectativa social desde la tragedia ocurrida en octubre de 2023, se desarrollará bajo las reglas del Sistema Penal Juvenil, debido a que el acusado era menor de edad al momento del hecho.

El debate será encabezado por el juez Jorge Toro, titular del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, y tendrá lugar en el edificio de Flagrancia, un ámbito poco habitual para este tipo de causas. Allí será juzgado el joven identificado con las iniciales N.M., señalado como responsable del siniestro ocurrido en el barrio Profesional, en Rivadavia, donde perdió la vida la adolescente.

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La causa llega a esta instancia con una acusación de homicidio con dolo eventual, una de las figuras penales más graves dentro del Código Penal. Esa calificación fue sostenida durante la investigación por la jueza María Julia Camus y será defendida durante el juicio por la fiscal Liliana Marinero. Por su parte, la defensa del imputado, representada por el abogado Nasser Uzair, intentará que el hecho sea encuadrado en una figura menos severa.

A pesar de la conmoción pública y de los reiterados pedidos de justicia que generó el caso, las audiencias no podrán ser presenciadas ni por el público ni por la prensa. Tampoco intervendrá la familia de la víctima como querellante, ya que el régimen penal juvenil no contempla la participación de querellas particulares, a diferencia de lo que sucede en el sistema acusatorio ordinario.

La reserva del juicio responde a normas nacionales e internacionales destinadas a proteger la privacidad de adolescentes sometidos a procesos judiciales. La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional, establece que debe preservarse la vida privada de menores durante todas las etapas del procedimiento penal.

En esa misma línea, la legislación argentina contempla restricciones para la difusión de información o datos que permitan identificar a menores involucrados en causas judiciales. El objetivo es evitar la exposición pública y posibles consecuencias futuras vinculadas a la estigmatización social.

En San Juan, si bien el sistema acusatorio establece la publicidad de las audiencias como regla general, existen excepciones específicas en materia juvenil relacionadas con la confidencialidad y el interés superior del niño. Por ese motivo, este tipo de debates suelen desarrollarse sin acceso público y con estrictas limitaciones para la difusión de información sensible.

El juicio contará con más de 20 testigos, aunque inicialmente las partes habían ofrecido cerca de 70 declaraciones. Tras acuerdos entre fiscalía y defensa, el listado fue reducido y se estima que el proceso demandará unas diez audiencias, extendiéndose aproximadamente durante un mes.

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