De Chiara Páez a Agostina Vega: el alarmante rostro joven de los femicidios en Argentina

A once años de la histórica movilización de Ni Una Menos, la violencia de género continúa dejando cifras alarmantes en Argentina. Un reciente informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven reveló que el 76% de las víctimas de femicidio menores de 17 años tenía menos de 15 años, un dato que expone la extrema vulnerabilidad de niñas y adolescentes frente a las violencias machistas.

El movimiento Ni Una Menos surgió en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su novio en la localidad santafesina de Rufino. Más de una década después, el asesinato de Agostina Vega volvió a conmocionar al país y reabrió el debate sobre la capacidad del Estado para prevenir y responder ante situaciones de riesgo.

Según el relevamiento, el 30% de las víctimas tenía entre 0 y 5 años, el 19% entre 6 y 10 años y el 27% entre 11 y 15 años. Los datos también muestran una diferencia significativa respecto de los femicidios de mujeres adultas: mientras que en estos casos los agresores suelen ser parejas o exparejas, en las víctimas menores de edad el 34,6% de los femicidas pertenecía al entorno familiar.

Los especialistas advierten que este contexto dificulta las posibilidades de denuncia y búsqueda de ayuda. Más de un tercio de los crímenes ocurre en ámbitos donde las víctimas deberían encontrar protección y contención.

Otro dato preocupante es que el 19% de las niñas y adolescentes asesinadas había sufrido abuso sexual antes del femicidio, una cifra considerablemente superior al 3% registrado entre las víctimas adultas. Además, el 22% de las menores fue reportada como desaparecida antes de ser encontrada sin vida.

Desde el Observatorio señalaron que estas desapariciones representan momentos clave en los que una intervención rápida y coordinada podría evitar desenlaces fatales. En ese sentido, el caso de Agostina Vega generó cuestionamientos por la demora en la activación de los mecanismos de búsqueda, entre ellos la Alerta Sofía, que se puso en marcha varios días después de su desaparición.

Las organizaciones especializadas insisten en la necesidad de fortalecer la articulación entre fuerzas de seguridad, organismos judiciales, áreas de niñez y equipos especializados en violencia de género. También reclaman incorporar una perspectiva de género e infancia en cada etapa de las investigaciones.

La Educación Sexual Integral (ESI) aparece como una de las principales herramientas de prevención. Según los especialistas, permite que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer situaciones de abuso, identificar vulneraciones de derechos y conocer los canales para pedir ayuda.

Sin embargo, el informe también alerta sobre el retroceso de las políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género. Diversas organizaciones cuestionan la eliminación o reducción de programas nacionales de asistencia y acompañamiento, así como la pérdida de herramientas de monitoreo que permitían dimensionar el problema y diseñar estrategias de intervención.

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtieron que la disminución de recursos limita las posibilidades de asistencia para mujeres, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia. Además, remarcaron la falta de actualización de sistemas estadísticos y la ausencia de un plan nacional integral para abordar la problemática.

En paralelo, especialistas alertan sobre la violencia en los noviazgos adolescentes. Informes recientes indican que gran parte de las denuncias por violencia doméstica involucran relaciones de pareja y expareja, incluso entre menores de edad. Las formas más frecuentes incluyen violencia psicológica, control, aislamiento, agresiones físicas, violencia digital y conductas destinadas a someter o manipular a la víctima.

A once años del primer grito colectivo de Ni Una Menos, las cifras reflejan que la violencia de género continúa afectando especialmente a las más jóvenes. Los casos de Chiara Páez y Agostina Vega, separados por más de una década, muestran que la demanda por prevención, protección y respuestas efectivas sigue siendo una deuda pendiente.