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Antes del caso Lucía, otro fallo del juez Jorge Toro fue revisado y agravado por la Corte

El antecedente del femicidio de Talía Recabarren volvió a cobrar relevancia tras la sentencia por la muerte de Lucía Rubiño. Si bien ambos procesos se tramitaron bajo el régimen penal juvenil, que impone restricciones legales y límites a las penas, la Corte de Justicia ya demostró que puede revisar una condena cuando considera que la sanción aplicada no es proporcional a la gravedad del hecho.

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La condena a dos años de prisión condicional para el adolescente declarado responsable de la muerte de Lucía Rubiño reabrió el debate sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Juvenil en San Juan. En ese contexto, volvió a tomar fuerza un antecedente con varias similitudes: el femicidio de Talía Recabarren, un caso que también fue juzgado por el magistrado Jorge Toro y cuya sentencia fue posteriormente modificada por la Corte de Justicia.

Los dos expedientes fueron tramitados bajo las normas del Sistema Penal Juvenil, un régimen especial previsto por la legislación para los menores de edad. Ese marco legal establece restricciones a la publicidad de las actuaciones, limita la participación de la querella durante el proceso y contempla un sistema de sanciones diferente al de los adultos, con topes específicos para las penas.

Por ese motivo, algunas de las críticas surgidas tras el fallo por la muerte de Lucía Rubiño apuntan a aspectos que no dependen de la decisión del juez, sino de las disposiciones legales que regulan este tipo de procesos. Sin embargo, la determinación de la pena dentro de los márgenes previstos por la ley sí constituye una facultad del magistrado y es uno de los puntos que más cuestionamientos generó.

El antecedente de Talía Recabarren demuestra que una sentencia de la Justicia Penal Juvenil puede ser revisada cuando un tribunal superior entiende que la sanción no resulta acorde con la gravedad del delito.

El 16 de junio de 2016, Talía Recabarren fue asesinada por su expareja, Ángel Morales, quien tenía 17 años al momento del crimen. Dos días después, el cuerpo de la joven fue hallado en un descampado.

Al tratarse de un imputado menor de edad, el proceso quedó bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil. Esa condición impidió aplicar la pena de prisión perpetua prevista para un adulto en un caso de femicidio agravado, ya que el régimen especial fija límites diferentes para los adolescentes en conflicto con la ley penal.

En primera instancia, el juez Jorge Toro condenó a Morales a diez años de prisión. La decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, que consideró insuficiente la sanción impuesta.

La Sala Segunda de la Corte de Justicia, integrada por Adriana García Nieto, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria Medina Palá, hizo lugar al recurso y elevó la condena a 16 años de prisión efectiva. En su resolución, el máximo tribunal provincial sostuvo que la pena fijada originalmente era «arbitraria, irrazonable y desproporcionada», al considerar que no reflejaba adecuadamente la gravedad del hecho.

Ese antecedente es seguido hoy con atención por la familia Rubiño, que espera que la sentencia dictada por la Justicia Penal Juvenil también pueda ser revisada por una instancia superior.

A casi diez años del crimen de su hija, Anabella Recabarren sostuvo que aún siente que la investigación no logró esclarecer completamente lo ocurrido. La mujer recordó que nunca pudo intervenir como querellante y que gran parte del proceso transcurrió bajo las restricciones propias del régimen penal juvenil.

También afirmó que siempre consideró que el femicida no actuó solo y cuestionó que esa hipótesis nunca fuera profundizada durante la investigación.

Las similitudes entre ambos expedientes son evidentes: los dos fueron tramitados bajo el mismo régimen procesal, estuvieron a cargo del juez Jorge Toro y concluyeron con fallos que las familias de las víctimas consideraron insuficientes.

No obstante, especialistas consultados coinciden en diferenciar las limitaciones propias del sistema de menores —como la reserva del proceso, la participación restringida de la querella y los límites legales a las penas— de aquellas decisiones que sí corresponden al ámbito judicial, como la graduación de la condena dentro de los márgenes establecidos por la ley y la valoración de las pruebas.

En el caso de Lucía Rubiño, además de la pena aplicada, otro de los aspectos que genera debate es el alcance de la acusación. Distintas voces sostienen que la muerte de la adolescente habría sido consecuencia de una serie de conductas imprudentes protagonizadas por más de una persona y que esa circunstancia también debería formar parte del análisis judicial.

Mientras la familia aguarda los pasos procesales que puedan seguirse tras la sentencia, el antecedente del caso Talía Recabarren deja una conclusión: una resolución dictada por la Justicia Penal Juvenil no necesariamente representa la última palabra. La experiencia demuestra que, cuando un tribunal superior considera que una condena no resulta proporcional a la gravedad de los hechos, tiene la facultad de revisarla y modificarla.

El caso Talía Recabarren

Talía Recabarren fue asesinada el 16 de junio de 2016 por su expareja, Ángel Morales, quien tenía 17 años al momento del crimen. Al tratarse de un menor de edad, la causa fue tramitada bajo el Sistema Penal Juvenil.

En el juicio, el juez Jorge Toro condenó a Morales a 10 años de prisión por el femicidio.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló la sentencia al considerar que la pena era insuficiente frente a la gravedad del hecho.

La Sala Segunda de la Corte de Justicia hizo lugar al recurso y elevó la condena a 16 años de prisión efectiva, al sostener que la sanción fijada en primera instancia era «arbitraria, irrazonable y desproporcionada».

Talía Recabarren

El caso Lucía Rubiño

En la causa por la muerte de Lucía Rubiño, el adolescente acusado fue declarado responsable de homicidio culposo, al entender el juez que el hecho fue consecuencia de una conducta imprudente y no de una acción intencional.

Por ese delito, el magistrado Jorge Toro impuso una condena de dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que el joven no deberá cumplir la pena en un establecimiento penitenciario, siempre que respete las reglas de conducta fijadas por la Justicia durante el plazo establecido.

La resolución provocó un fuerte rechazo por parte de la familia de la víctima y de distintos sectores de la sociedad, que consideran insuficiente la sanción frente al resultado del hecho.

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¿Por qué las penas son tan diferentes?

Más allá de que ambos expedientes fueron tramitados por la Justicia Penal Juvenil, las penas responden a delitos distintos.

En el caso de Talía Recabarren, la condena fue por un femicidio, uno de los delitos más graves previstos por el Código Penal argentino.

En cambio, en la causa por Lucía Rubiño, el juez consideró acreditado un homicidio culposo, figura que sanciona las muertes ocasionadas por imprudencia, negligencia o impericia, sin intención de matar.

Además, el régimen penal juvenil establece límites específicos para las sanciones aplicables a menores de edad, por lo que las penas previstas difieren de las que podrían recibir imputados adultos.

Mientras el fallo por el femicidio de Talía fue revisado y agravado por la Corte de Justicia, la sentencia por la muerte de Lucía Rubiño aún podría quedar sujeta a las instancias recursivas previstas por la legislación, por lo que la resolución de primera instancia todavía no necesariamente representa el cierre definitivo del proceso.

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