Argentina proyecta una nueva conexión entre Vaca Muerta, la minería y los puertos del Atlántico

El Gobierno argentino y Estados Unidos acordaron avanzar en el desarrollo del denominado Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa que apunta a ampliar la infraestructura necesaria para trasladar recursos energéticos y minerales desde distintas regiones del país hacia los puertos del Atlántico.

El proyecto contempla una combinación de obras en sectores estratégicos como energía, transporte, minería y telecomunicaciones, con participación de financiamiento estadounidense y de organismos internacionales.

Uno de los principales objetivos es mejorar la conexión de Vaca Muerta, en Neuquén, con las instalaciones destinadas a procesar y exportar gas natural licuado.

En ese marco, el proyecto Argentina LNG aparece como una de las principales inversiones vinculadas al corredor. La iniciativa privada, desarrollada por YPF junto a Eni y XRG, prevé una inversión estimada en 51.000 millones de dólares.

El plan incluye dos unidades flotantes para la licuefacción de gas que serían instaladas frente al Golfo San Matías, en Río Negro. Se estima que ambas podrían alcanzar una capacidad de entre 12 y 18 millones de toneladas anuales.

Para transportar el gas desde Neuquén hacia la costa se proyecta un nuevo gasoducto de 527 kilómetros, de 48 pulgadas de diámetro. También se prevén un poliducto para líquidos asociados y una planta de tratamiento.

Empleo e infraestructura

Durante la construcción de Argentina LNG, prevista entre 2026 y 2030, las estimaciones citadas en el proyecto contemplan unos 20.000 puestos de trabajo anuales, con momentos de mayor actividad que podrían alcanzar los 40.000 trabajadores.

Una vez que entre en funcionamiento, se calcula que el emprendimiento podría sostener aproximadamente 8.000 empleos directos e indirectos.

También se proyecta que unos 15.000 millones de dólares sean destinados a la contratación de bienes y servicios de proveedores nacionales.

El esquema financiero contempla créditos internacionales y aportes privados. Según lo informado, alrededor del 70% se cubriría mediante financiamiento y el 30% restante mediante aportes de los socios.

Una red que atravesaría el país

El Corredor Andes-Atlántico no se limita al sector energético. La iniciativa contempla una red de infraestructura destinada a conectar las regiones productivas con los puertos y los mercados internacionales.

Entre las obras mencionadas aparecen ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas y sistemas digitales.

El documento conjunto también hace referencia a la Hidrovía y a líneas ferroviarias como Belgrano Cargas. Además, aparece la posibilidad de desarrollar una conexión ferroviaria entre Vaca Muerta y Bahía Blanca, aunque todavía no fueron informados montos concretos para estas obras.

También habrá inversiones en conectividad

Otro de los componentes del acuerdo está relacionado con las telecomunicaciones.

La propuesta contempla la modernización y ampliación de la red de fibra óptica de Arsat, que cuenta con un préstamo de 49 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo.

También se mencionan potenciales inversiones en cables submarinos, centros de datos y conectividad satelital.

En el sector privado, el documento señala la adquisición de seis millones de usuarios de telecomunicaciones en Argentina por parte de la estadounidense Metrotel.

El financiamiento estadounidense

Estados Unidos presentó además una propuesta de financiamiento de 6.000 millones de dólares a través de la EXIM, destinada a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses para proyectos vinculados con infraestructura y producción.

El objetivo declarado por Washington también incluye fortalecer las cadenas de suministro de minerales considerados estratégicos, entre ellos litio, cobre, petróleo y gas.

En octubre, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau tiene previsto viajar a Buenos Aires, Jujuy y Salta para mantener reuniones con representantes públicos y privados y analizar posibles proyectos.

Argentina, por su parte, asumió el compromiso de fortalecer su marco legal y regulatorio para proteger las inversiones. Dentro de las herramientas mencionadas aparece el RIGI, que establece beneficios para grandes inversiones en sectores considerados prioritarios.

El desarrollo del Corredor Andes-Atlántico todavía requiere avanzar en distintos proyectos específicos, pero el acuerdo plantea una estrategia de infraestructura destinada a vincular los recursos argentinos con las rutas de exportación hacia el Atlántico.