EL DIARIO DIGITAL DE LOS ALBARDONEROS

Suspendieron la audiencia por el Acueducto Gran Tulum y la Fiscalía pidió el desafuero de Uñac y Andino

La jueza de Garantías Mónica Lucero resolvió postergar la audiencia hasta que estén presentes los 11 investigados. Tras la suspensión, el fiscal Sebastián Gómez solicitó reservar el pedido de desafuero de los legisladores nacionales para garantizar su comparecencia ante la Justicia.

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La audiencia de formalización por la causa que investiga presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum comenzó este miércoles 14 de octubre en Tribunales de San Juan, pero fue suspendida por decisión de la jueza Mónica Lucero, luego de que las partes plantearan la necesidad de que los 11 investigados estuvieran presentes en la misma instancia judicial.

La resolución generó diferencias entre la magistrada y el Ministerio Público Fiscal, especialmente por las ausencias del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino. Tras la decisión, el fiscal Sebastián Gómez solicitó la reserva de un pedido de desafuero para ambos legisladores, con el objetivo de asegurar su comparecencia en una próxima audiencia.

Las ausencias que marcaron la audiencia

Uno de los principales puntos de discusión fue la participación de los dos legisladores nacionales. Cristian Andino no se encontraba en Tribunales y había solicitado intervenir de manera virtual, posibilidad que fue rechazada por la jueza. No obstante, Lucero consideró justificada su ausencia luego de que el diputado presentara pasajes de avión para acreditar que se encontraba en Buenos Aires por cuestiones laborales.

En el caso de Sergio Uñac, su abogado defensor, Marcelo Fernández, presentó un escrito que fue leído durante la audiencia. Allí, el senador expuso sus argumentos jurídicos para fundamentar su postura y adelantó que no prestaría declaración en esa instancia. También señaló que, si decide declarar posteriormente, lo haría por escrito.

Tras escuchar las explicaciones, la magistrada dispuso postergar la audiencia hasta que estén presentes los 11 imputados. La decisión fue cuestionada por el fiscal Gómez, quien sostuvo que las obligaciones laborales no constituyen, por sí solas, una justificación suficiente para faltar a una instancia judicial de estas características.

La Fiscalía busca garantizar la presencia de los legisladores

Después de la suspensión, Gómez solicitó que quedara reservada la posibilidad de requerir el desafuero de Uñac y Andino si fuera necesario para asegurar su asistencia a la próxima audiencia.

El planteo se produjo en medio de las diferencias entre la Fiscalía y la jueza Lucero sobre cómo proceder ante las ausencias y qué medidas adoptar para continuar con el proceso.

El desafuero es un mecanismo institucional que, de corresponder y cumplirse los requisitos legales, permite habilitar determinadas actuaciones judiciales respecto de legisladores que cuentan con inmunidad parlamentaria. El pedido mencionado en la audiencia apunta a garantizar la comparecencia de ambos dirigentes, aunque su eventual avance dependerá de los procedimientos correspondientes.

Otro de los asuntos discutidos fue la designación de Marcelo Fernández como defensor de Sergio Uñac. La Fiscalía pidió precisiones sobre cuándo se había formalizado el nombramiento. Durante el intercambio se indicó que los registros del sistema judicial consignaban el 5 de octubre como fecha de designación, nueve días antes de la audiencia.

Quiénes se presentaron en Tribunales

Entre las personas que asistieron a la audiencia estuvieron el exministro Julio Ortiz Andino, los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y Gustavo Mastelone, vinculado a Krah América Latina.

La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, y se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia.

Además de Uñac y Andino, el expediente involucra a exfuncionarios y representantes vinculados con la obra del Acueducto Gran Tulum. La causa busca esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas y determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.

Con la audiencia suspendida, la atención ahora está puesta en la próxima convocatoria judicial y en las medidas que puedan adoptarse para garantizar la presencia de todos los investigados.

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