EL DIARIO DIGITAL DE LOS ALBARDONEROS

A tres años de la muerte de Lucía Rubiño, la Corte de Justicia debe resolver dos puntos clave de la causa

La tragedia que conmocionó a San Juan sigue sin cerrar su capítulo judicial. La familia de la adolescente espera una respuesta sobre el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray y el planteo fiscal para que el conductor menor de edad sea condenado por homicidio simple con dolo eventual.

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Este jueves 15 de octubre se cumplen tres años de la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente que perdió la vida tras ser atropellada en un siniestro vial que generó una profunda conmoción en San Juan. Mientras el recuerdo de la joven permanece presente entre sus familiares y en la sociedad sanjuanina, la causa judicial aguarda definiciones de la Corte de Justicia provincial.

A lo largo de estos tres años, el expediente estuvo atravesado por audiencias, recursos judiciales, cuestionamientos a las resoluciones y manifestaciones públicas en reclamo de justicia. Ahora, el máximo tribunal debe analizar dos planteos centrales que podrían modificar el rumbo de la causa.

El recurso contra el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray

Uno de los puntos que deberá revisar la Corte es la situación judicial de Juan Pablo Echegaray, quien fue sobreseído por el delito de homicidio culposo, decisión que posteriormente fue ratificada en una instancia superior.

La resolución generó un fuerte rechazo por parte de la familia de Lucía, que cuestionó la desvinculación del joven de la acusación relacionada con la muerte de la adolescente.

Ante este escenario, el abogado querellante Marcelo Fernández, representante de la familia Rubiño, presentó un recurso de casación para que la Corte revise lo resuelto por los tribunales anteriores.

La querella sostiene que Echegaray habría tenido participación en los hechos que derivaron en la tragedia y busca que se revoque el sobreseimiento. La decisión de los ministros será determinante para establecer si corresponde mantener lo dispuesto en las instancias previas o revisar esa resolución.

La discusión por la condena al conductor menor de edad

El segundo planteo está relacionado con N.M., el joven que conducía el vehículo que atropelló a Lucía.

En el proceso judicial llevado adelante ante la Justicia de Menores, el juez Jorge Toro lo declaró culpable de homicidio culposo y le impuso una pena de dos años, además de cuatro años de inhabilitación para conducir vehículos con motor.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal cuestionó la calificación legal del hecho y solicitó que se revise la sentencia.

La fiscalía considera que las circunstancias en las que se produjo el siniestro deben analizarse bajo una figura penal más grave. Por ese motivo, impulsó un planteo para que la conducta sea encuadrada como homicidio simple con dolo eventual.

Esta figura implica analizar si el acusado pudo haberse representado la posibilidad de causar la muerte de una persona y, aun así, continuó con su accionar. La diferencia entre ambas calificaciones es relevante, ya que el homicidio simple con dolo eventual contempla un marco penal más severo que el homicidio culposo.

Será la Corte la que deba evaluar los argumentos presentados y determinar si corresponde modificar la calificación jurídica y la condena impuesta.

Tres años de dolor y una respuesta judicial pendiente

La muerte de Lucía dejó una marca profunda en sus seres queridos, que durante estos años debieron atravesar el dolor de la pérdida mientras seguían de cerca el avance del expediente.

Las audiencias y las distintas resoluciones judiciales estuvieron acompañadas por momentos de angustia, cuestionamientos y movilizaciones para reclamar que se esclarezcan las responsabilidades penales correspondientes.

A tres años de aquella madrugada, la causa continúa abierta a revisión en aspectos centrales. La familia Rubiño espera que la Corte de Justicia se pronuncie sobre los recursos presentados y dé una respuesta a los planteos que todavía permanecen pendientes.

Mientras tanto, el nombre de Lucía sigue presente en el reclamo de sus allegados, que buscan que las decisiones judiciales permitan avanzar hacia una respuesta definitiva sobre lo ocurrido.

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