Cristian Nahuel Videla recuperó la libertad tras una nueva evaluación de las pruebas en la causa por el asesinato de la jubilada de Santa Lucía. Continuará imputado, deberá presentarse periódicamente ante la Policía y estará sujeto a medidas de control durante 10 meses.

La causa por el asesinato de Ángela “Lita” Álvarez, la jubilada hallada muerta en su vivienda del barrio Alberdi, en Santa Lucía, tuvo una nueva resolución judicial: uno de los cuatro acusados dejó la prisión preventiva.

Se trata de Cristian Nahuel Videla, cuya situación fue revisada luego del análisis de cámaras de seguridad y pruebas de ADN. Según la información difundida sobre el expediente, esos elementos no permitieron ubicarlo hasta el momento en la escena del crimen.

El juez Pablo León resolvió sustituir la prisión preventiva por medidas de control menos restrictivas. Durante la audiencia, el ayudante de la Defensoría Oficial, Carlos Fleury, no se opuso al planteo fiscal.

Seguirá imputado durante la investigación

La libertad de Videla no significa que haya sido apartado de la causa. El acusado deberá presentarse periódicamente en la Comisaría 5ª correspondiente a su domicilio y evitar cualquier conducta que pueda obstaculizar la investigación.

Estas obligaciones tendrán una vigencia de 10 meses.

La medida se conoce después de que la jueza Ana Lía Larrea redujera de 12 a 10 meses el plazo de prisión preventiva dispuesto inicialmente para los cuatro imputados.

Mientras tanto, Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores y Nahuel Ángel Vera continúan detenidos por su presunta participación en el hecho.

El hallazgo que permitió descubrir el caso

El crimen se conoció cuando un vecino observó a dos personas que intentaban sacar una heladera de la vivienda de Álvarez mediante un carro atado a una bicicleta.

El hombre logró reducir a Pozo y dio aviso a la Policía. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a la jubilada sin vida junto a su cama.

Los estudios posteriores determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sofocación.

La hipótesis fiscal sostiene que los sospechosos habrían ingresado a la casa en diferentes oportunidades entre el 23 y el 27 de julio para sustraer electrodomésticos, muebles y ropa de cama.

Qué falta esclarecer

La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez.

Los investigadores continúan examinando las pruebas y buscan a otros dos sospechosos que permanecen prófugos.

Por ahora, la decisión judicial cambia las condiciones de detención de uno de los acusados, pero no cierra la causa. La Justicia deberá continuar reuniendo elementos para determinar las responsabilidades en la muerte de la jubilada.