EL DIARIO DIGITAL DE LOS ALBARDONEROS

El IPV recuperó ocho viviendas sociales en San Juan por incumplimientos de los adjudicatarios

El organismo provincial dejó sin efecto las adjudicaciones de casas ubicadas en distintos departamentos, entre ellos Albardón. Las irregularidades detectadas incluyen abandono de los inmuebles, falta de pago y utilización de las propiedades para otros fines. Las viviendas serán reacondicionadas y podrán volver a integrar futuros sorteos públicos.

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El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan avanzó con la recuperación de ocho viviendas sociales luego de detectar incumplimientos por parte de sus adjudicatarios. La medida quedó formalizada mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y alcanza a propiedades distribuidas en diferentes puntos de la provincia.

Entre los inmuebles cuya adjudicación fue revocada figura una vivienda del departamento Albardón, ubicada en el Conjunto 1. También se encuentran propiedades de Caucete, en el Área III Sector I, y de los barrios Ceramista II, SUTIAGYF, Amecom 4, Virgen del Socorro, Lozano y 7 de Septiembre IV.

La decisión forma parte de una política de control impulsada por el organismo para recuperar casas que permanecen deshabitadas o que son utilizadas en condiciones diferentes a las establecidas al momento de su entrega.

Desde el IPV explicaron que las propiedades recuperadas pueden presentar daños por abandono, deterioro o vandalismo. Por ese motivo, una vez que el Estado recupera formalmente la posesión, se realizan los trabajos necesarios para dejarlas nuevamente en condiciones y posteriormente incorporarlas a futuros sorteos.

Más de 400 denuncias y controles sobre las viviendas

El organismo conformó un equipo técnico para analizar más de 400 denuncias vinculadas con posibles irregularidades en viviendas sociales. Según los datos difundidos, actualmente existen alrededor de 90 expedientes con procesos de revocación en primera instancia.

A este escenario se suma un nivel de morosidad cercano al 60%, una situación que llevó a intensificar los controles sobre los adjudicatarios y el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Las actuaciones se encuentran respaldadas por la Ley Provincial 196-A, que establece las condiciones para la adjudicación, ocupación, conservación y pago de las viviendas estatales.

Cuáles son los motivos por los que el IPV puede quitar una casa

La normativa contempla diferentes situaciones que pueden derivar en la pérdida de una vivienda social. Entre las principales causas se encuentran:

  • Abandonar la propiedad o no residir efectivamente en ella.

  • Acumular tres o más cuotas consecutivas sin pagar.

  • Utilizar la vivienda para actividades comerciales u otros fines ajenos a su destino habitacional.

  • Alquilar, vender o ceder la propiedad a terceros sin autorización del IPV.

  • Presentar información falsa u ocultar datos en las declaraciones juradas.

  • Modificar la composición del grupo familiar declarado sin informar al organismo.

Cómo es el procedimiento para recuperar una vivienda

La quita de una casa no se realiza de manera automática. El IPV debe cumplir una serie de pasos administrativos antes de dejar sin efecto una adjudicación.

El procedimiento comienza cuando el organismo recibe una denuncia o detecta una posible irregularidad mediante sus inspecciones. Luego se revisa el expediente, se controla la situación de las cuotas y se realizan visitas sociales para comprobar las condiciones de ocupación del inmueble.

Si se confirma el incumplimiento, el área legal elabora un informe y se dicta la resolución correspondiente. La decisión debe notificarse formalmente al adjudicatario, quien dispone de diez días hábiles para presentar un descargo, apelar o renunciar a la vivienda.

En caso de existir una apelación, el expediente pasa por distintas instancias de revisión legal hasta llegar a Casa de Gobierno.

Una vez que la revocación queda firme, el Estado recupera la propiedad y puede comenzar las tareas de reparación para que vuelva a estar disponible.

De esta manera, el IPV busca evitar que las viviendas destinadas a familias que necesitan una solución habitacional permanezcan abandonadas, sean utilizadas irregularmente o queden fuera del sistema de adjudicación. En ese contexto, la recuperación de las ocho casas vuelve a poner en discusión los controles sobre el uso y las obligaciones de quienes reciben una vivienda estatal.

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