Manifestantes en Jujuy se Levantan Contra Imputaciones por Muerte de Turista en Protesta

En un fuerte acto de repudio, miembros de comunidades indígenas, docentes y activistas sociales se congregaron frente al Ministerio Público de la Acusación en la capital jujeña para expresar su indignación por la imputación de 23 manifestantes por homicidio culposo. Esta acción legal se relaciona con la muerte de una turista boliviana en julio pasado en la localidad de Abra Pampa, donde se llevaba a cabo un corte de ruta en protesta contra la reforma de la Constitución de Jujuy.

Natalia Macha, integrante del Tercer Malón de la Paz, declaró: «Queremos decirle a toda la sociedad y sobre todo al gobernador Gerardo Morales que nosotros no nos rendimos, no le tenemos miedo y vamos a seguir luchando por nuestra causa en contra de la reforma de la Constitución de Jujuy». Los manifestantes denunciaron «persecución» y «amedrentamiento» por parte del Gobierno jujeño de Morales.

La investigación se centra en la muerte de Virginia Flores Gómez, quien sufrió una descompensación en un colectivo de larga distancia varado en Abra Pampa debido al corte de ruta. A pesar de recibir atención médica, falleció en el trayecto al hospital de la localidad. El Gobierno provincial presentó denuncias penales contra los comuneros que llevaban a cabo las protestas en varias localidades.

Mercedes Maidana, docente originaria, afirmó: «Nos hemos presentado de forma espontánea para ponernos a derecho porque no somos delincuentes, somos docentes y comunidades indígenas los que hemos salido a la calle en algún momento con la consigna firme para que caiga la modificación de la Carta Magna».

Los manifestantes argumentaron que la investigación es una «causa totalmente armada» y destacaron que la persecución fortalece su determinación para continuar luchando por sus demandas. Armando Quispe, referente de una comunidad indígena, calificó la jornada como «histórica» y denunció la actitud del Gobierno jujeño como «avasalladora» y «dictatorial».

Lorena Mamaní, una de las representantes legales de los acusados, criticó la investigación y rechazó categóricamente el presunto delito por el cual se está investigando a los manifestantes. Silvana Llañes, otra de las abogadas del colectivo, señaló que los fiscales buscan entorpecer el proceso y criminalizar a los referentes de las comunidades como una forma de silenciar al pueblo, pero en lugar de eso, estas acciones solo generan más apoyo para quienes protestan.

La comunidad indígena, docentes y activistas sociales de Jujuy han dejado claro que no retrocederán en su lucha por los derechos humanos y en contra de la reforma constitucional, a pesar de las acusaciones en su contra y la presión gubernamental.