El Gobierno ajusta controles sobre pensiones no contributivas y asignaciones de ANSES

El Gobierno Nacional, a través de una nueva normativa, modificó los requisitos para mantener las pensiones no contributivas y las asignaciones gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Con el objetivo de fortalecer los controles sobre estas prestaciones, se publicó la resolución 918/2024, que establece nuevas regulaciones en cuanto al requisito de residencia en el país para poder acceder a los beneficios.

Según la resolución, “la persona titular o generadora de derecho no cumple con dicho requisito cuando se haya ausentado del territorio de la República Argentina por un período superior a 90 días corridos”. Esto será controlado utilizando las bases de datos de ANSES y de la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de convenios vigentes entre ambos organismos.

En caso de verificarse un incumplimiento del requisito de residencia, se procederá a la suspensión inmediata del beneficio hasta que el titular demuestre su residencia en el país nuevamente. Para los casos en que el incumplimiento implique la pérdida de derecho, se procederá a la baja definitiva del beneficio. Este control también se aplicará a quienes perciban la bonificación por zona austral, quienes deberán demostrar nuevamente el derecho a la misma en caso de ser suspendidos.

La medida forma parte de un proceso más amplio de auditoría y fiscalización que el Gobierno viene realizando sobre las asignaciones y pensiones pagadas a través de ANSES. Recientemente, una auditoría reveló la existencia de beneficiarios fallecidos o residentes en el extranjero, lo que derivó en irregularidades alarmantes. En la Ciudad de Buenos Aires, el 57% de las pensiones por invalidez auditadas resultaron irregulares, mientras que en Mar del Plata la cifra alcanzó el 80%.

Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), señaló que estas irregularidades representan un desvío de fondos estimado entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año, y que muchos de estos casos estaban vinculados a movimientos sociales o personas residentes en el exterior.

El Gobierno justificó la modificación de los requisitos como una respuesta a desvíos de fondos utilizados con fines de clientelismo político, afectando los derechos de las personas que verdaderamente necesitan estas prestaciones. “La nueva normativa busca corregir estos desvíos y restablecer la confianza en el sistema de pensiones”, explicaron desde la Casa Rosada.

La ANSES también fue instruida para implementar sistemas administrativos y contables que permitan un mejor control de la gestión económica y prestacional, y deberá presentar anualmente un informe detallado al Poder Ejecutivo Nacional para su evaluación y aprobación.