El gobierno denuncia fraude millonario en la Asignación por Embarazo: 203 casos investigados

 

El gobierno de Javier Milei, a través de una investigación liderada por ANSES y el Ministerio de Capital Humano, detectó graves irregularidades en la tramitación de la Asignación por Embarazo (AUE). La denuncia penal fue presentada el pasado viernes en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado a cargo de Sebastián Ramos, Fiscalía 7, con Ramiro González a la cabeza.

 

La investigación, verificada y documentada por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES, detectó que las anomalías se debían a una práctica sistemática de presentación de documentación falsa, incluyendo certificados médicos apócrifos, en diversas oficinas de atención de ANSES. El objetivo de estas maniobras fraudulentas era acceder a la prestación de manera indebida.

 

Modus operandi

 

Entre las irregularidades más recurrentes, se encontraron:

 

1. Certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento: Se presentaron solicitudes con certificados médicos falsos en las cuales, tras la fecha de parto declarada, no se registró ningún nacimiento ni interrupción del embarazo, lo que sugiere embarazos inexistentes.

 

 

2. Simulación de interrupciones de embarazo: En algunos casos, las beneficiarias presentaron documentación falsa que acreditaba interrupciones de embarazo para continuar percibiendo el beneficio hasta la supuesta fecha de interrupción.

 

 

3. Certificados con fechas de parto futuras: Se identificaron certificados con fechas de parto que aún no habían ocurrido, utilizados para cobrar pagos prenatales de embarazos que no existían.

 

 

4. Certificaciones inválidas y retenidas: ANSES detectó y rechazó formularios PS 2.67 por inconsistencias como matrículas médicas inválidas, sellos o CUIL incorrectos, y certificaciones de profesionales sin habilitación en obstetricia. Estos formularios fueron retenidos al considerarse intentos de fraude.

 

 

 

Impacto económico

 

El Ministerio de Capital Humano estima que estas maniobras fraudulentas podrían haber costado al Estado hasta $166 millones. Según dos escenarios de cálculo presentados, si los 203 casos identificados hubieran percibido el 100% de la prestación durante los 9 meses correspondientes, el perjuicio ascendería a $165.959.199. Un escenario específico estima el impacto en $58.862.376.

 

Medidas para prevenir futuros fraudes

 

Frente a esta situación, las nuevas autoridades de ANSES y el Ministerio de Capital Humano reafirmaron su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Se están rediseñando los procedimientos internos, enfocándose en la digitalización de los certificados médicos y la implementación de nuevas herramientas para optimizar la verificación de los trámites.