Gobierno Nacional elimina el ingreso a cargos públicos por vínculo familiar mediante el Decreto 959/2024
El Gobierno promulgó el Decreto 959/2024, que prohíbe el acceso a empleos públicos basados en vínculos familiares, afinidad política o influencia
Se elimina el ingreso a cargos públicos por vínculo familiar: Gobierno Nacional promulga el Decreto 959/2024
Buenos Aires, 28 de octubre de 2024 – El Gobierno Nacional anunció la promulgación del Decreto 959/2024, que prohíbe el acceso a empleos públicos basados en vínculos familiares, afinidad política o influencia, con el objetivo de fortalecer la equidad y la transparencia en el Sector Público Nacional. Esta normativa establece un cambio significativo en los procesos de selección para cargos estatales, buscando erradicar las prácticas de nepotismo en las designaciones.
El decreto dicta que todos los concursos para ingresar a la administración pública deberán ser abiertos y accesibles al público en general, asegurando que el ingreso se base exclusivamente en el mérito y la competencia de los candidatos. Además, se conformarán comités de evaluación independientes, encargados de supervisar que los procesos de selección sean imparciales y transparentes.
«Concursos abiertos y públicos»
La normativa exige que los concursos sean competitivos, con requisitos previamente especificados, para evitar favoritismos. Los comités de evaluación, integrados por miembros independientes, deberán elaborar informes públicos sobre cada concurso, asegurando la transparencia y la integridad del proceso.
Sanciones a irregularidades y auditorías continuas
El Decreto 959/2024 establece un régimen de sanciones para los funcionarios que incumplan con las nuevas normativas. Las sanciones incluyen desde la suspensión hasta la destitución, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, se implementarán auditorías periódicas a cargo de la Oficina Anticorrupción, para verificar la transparencia en la selección de personal y garantizar que no haya interferencias indebidas en estos procesos.
Con esta medida, el Gobierno busca asegurar que el acceso a empleos públicos se realice bajo un criterio de competencia justa y abierta, eliminando prácticas de favoritismo y «privilegios heredados». Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos del Ejecutivo para promover la transparencia y la ética en el sector público.
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