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Fuerte denuncia por el cierre de Vialidad: “Habrá rutas de la muerte”

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Graciela Aleñá, jefa del sindicato vial, alertó sobre el impacto de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad

07 de julio de 2025 | Redacción infoalbardon

Luego del decreto presidencial que ordenó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, lanzó una dura advertencia: “Habrá rutas nacionales de la muerte”.

La medida, anunciada por el Gobierno nacional, elimina al organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de las rutas nacionales, reasignando esas funciones al Ministerio de Economía y a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Aleñá responsabilizó directamente al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, por poner en riesgo la seguridad vial del país. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza”, sostuvo, y denunció que la disolución está motivada por un interés de negocio, similar al desvío de fondos del Impuesto a los Combustibles hacia otros fines que no benefician la infraestructura vial.

Para la sindicalista, esta decisión responde a una postura ideológica de achicar el Estado “a su mínima expresión”, afectando estructuras clave bajo el pretexto de “falta de eficiencia, lo cual es mentira”.

Asimismo, realizó un llamado urgente a gobernadores y fuerzas políticas para que se opongan a la medida, que además afecta otras áreas de transporte.

Aleñá señaló que “más de 5.500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales quedan a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”.

Criticó duramente la gestión gubernamental y calificó a Milei y Sturzenegger como “responsables del genocidio en las rutas”.

Además, advirtió que los bienes de infraestructura —incluyendo edificios y maquinaria valuados en cientos de millones de pesos— pasarán a ser liquidados por el organismo estatal AABE, lo que consideró “otro negociado con el patrimonio de todos los argentinos”.

Finalmente, Aleñá enfatizó que esta medida “no es una simple reorganización administrativa”, sino un “desmantelamiento” de la capacidad estatal para intervenir en la infraestructura vial, en favor de un esquema más centralizado y con fines comerciales.

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