Régimen penal juvenil: el Gobierno reactiva el debate, pero el Congreso sigue sin definiciones
La baja de la edad de imputabilidad volvió a la agenda de las sesiones extraordinarias, aunque persisten las dudas sobre el proyecto, la Cámara de inicio y los consensos necesarios para avanzar.
El Gobierno nacional volvió a poner en agenda la discusión sobre el régimen penal juvenil al incluirla en el temario de las sesiones extraordinarias que comienzan este lunes 2 de febrero. Sin embargo, detrás del endurecimiento del discurso oficial, el Congreso se encamina a un debate marcado por la indefinición: no hay claridad sobre en qué Cámara comenzará el tratamiento, qué iniciativa se tomará como base ni si existen los consensos políticos suficientes para avanzar.
El decreto 53/26, que amplía el temario de extraordinarias, evita precisar un proyecto concreto y se limita a mencionar “los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”. Esa redacción abierta le permite al oficialismo retomar iniciativas ya presentadas tanto en Diputados como en el Senado, o incluso impulsar un nuevo texto. La consecuencia inmediata es un escenario incierto: por ahora, no hay un punto de partida definido para la discusión.
La falta de definiciones también deja al descubierto tensiones dentro del propio oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se posicionó como la principal promotora de la baja de la edad de imputabilidad y volvió a insistir públicamente en la necesidad de reducirla de los 16 años actuales a los 13. No obstante, ese planteo colisiona con el antecedente más reciente del Congreso.
Durante 2025, la Cámara de Diputados logró dictaminar un proyecto que fijaba la imputabilidad en 14 años, luego de que el oficialismo cediera en su postura inicial —que también proponía los 13— para alcanzar acuerdos con sectores dialoguistas. Ese dictamen no llegó al recinto y perdió estado parlamentario, pero marcó un límite político sobre el consenso posible. El trabajo fue encabezado por la diputada Laura Rodríguez Machado, cercana a Bullrich, y contó con el respaldo de bloques como Encuentro Federal y la Coalición Cívica, además de los aliados habituales del Gobierno. En la Casa Rosada reconocen que insistir ahora con una propuesta más dura podría romper ese equilibrio y dificultar cualquier avance.
En paralelo, el Senado aparece como otra incógnita. Allí, el oficialismo tiene como prioridad la reforma laboral, un debate complejo que también impulsa Bullrich. Iniciar en esa Cámara el tratamiento del régimen penal juvenil implicaría recargar una agenda ya exigente y abrir múltiples frentes de conflicto al mismo tiempo. Por ahora, no hay una decisión tomada.
Una oposición atravesada por matices
Del lado opositor, el debate tampoco es uniforme. Dentro del peronismo conviven posiciones diversas y el Frente Renovador emerge como un actor clave. Con una postura histórica propia sobre el tema, distinta de otros sectores que rechazan de plano la baja de imputabilidad, el espacio que lidera Sergio Massa observa con cautela los movimientos del Gobierno.
Desde ese sector ponen en duda la voluntad real del Ejecutivo de avanzar en una reforma integral. “Parecen más títulos para cubrir la agenda que una discusión de fondo”, señalan, y advierten que hasta ahora no se presentó un proyecto que explique cómo funcionaría un régimen penal juvenil efectivo.
En declaraciones radiales, el diputado Ramiro Gutiérrez fue crítico: aseguró que el Gobierno “impulsa el debate con un proyecto vacío”, sin establecer un sistema que garantice herramientas concretas para jueces, fuerzas de seguridad y organismos especializados. Además, recordó que durante el año pasado el oficialismo contó con los números necesarios para aprobar un régimen penal juvenil y no lo hizo.
El rol del Frente Renovador es seguido de cerca por lo ocurrido en 2025, cuando el peronismo reemplazó a dos legisladores massistas en comisiones para evitar que quedara expuesta una fractura interna. Consultado por ese episodio, Sebastián Galmarini sostuvo que “tener matices en las opiniones nos hace más razonables y responsables”. La incógnita ahora es cuál será la postura final del espacio si el debate avanza.
El financiamiento, una incógnita central
Más allá de la discusión sobre la edad, crece el interrogante sobre el financiamiento del sistema. Desde la Coalición Cívica, que el año pasado acompañó el consenso para fijar la imputabilidad en 14 años, volvieron a poner el foco en el impacto presupuestario.
El diputado Maximiliano Ferraro reclamó conocer “cuál es el costo y qué recursos va a aportar el Gobierno nacional”, y pidió que la Oficina de Presupuesto del Congreso elabore una estimación del impacto fiscal antes de iniciar el tratamiento en febrero. El planteo se vincula con una crítica recurrente: un sistema penitenciario que ya presenta graves falencias difícilmente pueda absorber a una nueva población sin una inversión sostenida.
Un debate abierto y sin rumbo definido
Con las sesiones extraordinarias a punto de comenzar y una agenda que también incluye la modificación de la ley de glaciares y el acuerdo Unión Europea–Mercosur, el Congreso afronta días clave para ordenar comisiones y prioridades. En ese marco, la emergencia por los incendios en la Patagonia quedó fuera del temario, pese a los reclamos de gobernadores y referentes de distintos espacios políticos, lo que llevó al Ejecutivo a anunciar que avanzará por decreto.
En ese escenario, el régimen penal juvenil aparece como un tema instalado en el discurso oficial, pero aún desordenado en la práctica. En los próximos días, el Gobierno deberá definir dónde comenzará el debate, qué proyecto impulsará y si respetará los consensos alcanzados en 2025 o avanzará con una nueva ofensiva para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Por ahora, todas las preguntas siguen abiertas.
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