A 50 años de la dictadura, los juicios por crímenes de lesa humanidad avanzan contra el tiempo

A medio siglo del inicio de la última dictadura militar en Argentina, los juicios por crímenes de lesa humanidad continúan desarrollándose en los tribunales del país, pero enfrentan una carrera inevitable contra el paso del tiempo. A más de 20 años de la reapertura de estas causas, todavía hay procesos en marcha mientras el denominado “reloj biológico” avanza tanto para los acusados como para las víctimas y los testigos.

Actualmente se desarrollan al menos 12 juicios en distintas jurisdicciones del país y cientos de causas permanecen en etapa de investigación. Muchos de los imputados superan los 70 años y gran parte de ellos siguen los procesos desde sus domicilios mediante videoconferencia, en algunos casos con prisión domiciliaria.

Según datos del Ministerio Público Fiscal, desde 2006 —cuando comenzó el segundo ciclo de juzgamiento tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida— murieron 1.257 personas investigadas por delitos de lesa humanidad. En paralelo, 1.231 fueron condenadas y permanecen con vida, mientras que 1.582 continúan en libertad. Estas cifras refuerzan la urgencia de avanzar con los procesos judiciales aún pendientes.

La abogada Guadalupe Godoy, querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires, señaló que una de las formas de frenar el avance de las causas es a través de dilaciones procesales. “Hay recursos para avanzar, pero muchas veces depende de la voluntad y de la agenda de los tribunales”, advirtió.

En la misma línea, la fiscal Ana Oberlin, que interviene en distintos procesos judiciales, explicó que los juicios suelen extenderse en promedio cuatro años desde su elevación hasta la sentencia. Sin embargo, algunos expedientes superan ampliamente ese plazo y llevan más de una década de trámite.

El paso del tiempo también impacta en el desarrollo de las causas porque no solo mueren imputados, sino también testigos clave. “Es muy duro cuando una persona que luchó durante años para llegar a declarar finalmente no puede hacerlo por cuestiones de salud o fallece”, explicó Oberlin.

Al 12 de marzo de 2026, 425 personas detenidas por delitos de lesa humanidad cumplen prisión domiciliaria, mientras que otras permanecen en unidades penitenciarias. Esta situación genera cuestionamientos entre organismos de derechos humanos y sobrevivientes del terrorismo de Estado.

Berta Horen, ex presa política durante la dictadura, señaló que el paso del tiempo no puede transformarse en un obstáculo para la Justicia. “Es triste que alguien que debería tener una condena perpetua muera en su casa esperando un juicio que nunca llegó”, expresó.

Pese a las demoras y dificultades, especialistas coinciden en que el proceso judicial argentino es único en el mundo. A diferencia de otros países que atravesaron dictaduras o conflictos armados, Argentina logró juzgar a responsables militares y civiles del terrorismo de Estado décadas después de los hechos.

Para muchos integrantes del movimiento de derechos humanos, estos juicios no solo buscan condenas, sino también establecer la verdad histórica y combatir discursos negacionistas. “No se trata únicamente de números o estadísticas, sino de un proceso histórico que permitió disputar el sentido de lo ocurrido durante la dictadura”, señaló Godoy.

Además, en los últimos años se comenzó a ampliar la mirada judicial para incluir responsabilidades civiles, empresariales, eclesiásticas y judiciales, así como también reconocer violencias específicas ejercidas contra mujeres, personas trans y niños durante el terrorismo de Estado.

Actualmente, distintos tribunales federales del país continúan con juicios vinculados a centros clandestinos de detención y operativos represivos. Aunque el tiempo corre, el objetivo sigue siendo el mismo: avanzar en verdad, memoria y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.