Patrimonio bajo la lupa: dudas sobre las operaciones inmobiliarias de Manuel Adorni

La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de la escena judicial luego de una serie de inconsistencias detectadas en la adquisición de bienes inmuebles y el origen de los fondos utilizados. Las declaraciones de su escribana, Adriana Mónica Nechevenko, lejos de aclarar el panorama, profundizaron las dudas que hoy analiza la Justicia.

Durante una entrevista, la profesional admitió que en los últimos 15 años el funcionario no había realizado operaciones inmobiliarias, pero que las adquisiciones recientes “se dieron todas juntas”, una afirmación que despertó sospechas entre investigadores judiciales.

La causa tomó impulso tras la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, que derivó en una investigación encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita. El objetivo es determinar cómo Adorni logró incorporar a su patrimonio una vivienda en un club de campo en Exaltación de la Cruz y un departamento en el barrio porteño de Caballito, sin desprenderse de otros bienes previamente declarados.

Según la documentación presentada, las operaciones se habrían concretado mediante préstamos de particulares y acuerdos de financiamiento. En el caso de la propiedad en Indio Cuá, la escribana indicó que fue adquirida con un crédito otorgado por dos mujeres, respaldado por una hipoteca sobre otro inmueble. En tanto, el departamento en Caballito habría sido comprado con un anticipo en dólares y un esquema de pagos posteriores.

Sin embargo, los valores declarados en ambas transacciones también generan controversia. Fuentes del mercado inmobiliario sostienen que los montos consignados estarían por debajo de los precios reales, lo que motivó nuevas líneas de investigación.

Además, los investigadores intentan reconstruir el origen de al menos 80 mil dólares que el funcionario habría desembolsado en distintas operaciones, entre ellas adelantos, remodelaciones, gastos asociados a la propiedad y viajes.

En este contexto, el fiscal solicitó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, medida que fue autorizada por el juez Ariel Lijo. El objetivo es analizar la trazabilidad de los ingresos y verificar si los movimientos financieros se corresponden con su capacidad económica declarada.

La investigación también alcanza a la firma AS Innovación Profesional, vinculada al matrimonio, y a otros emprendimientos privados que podrían haber registrado actividad desde el ingreso del funcionario a la gestión pública.

En paralelo, la Justicia evalúa citar a declarar a las personas que habrían participado en las operaciones, tanto prestamistas como vendedores, mientras continúa reuniendo pruebas para determinar si existieron irregularidades.

El caso se desarrolla en un contexto más amplio de investigaciones que involucran contrataciones estatales y posibles vínculos con distintos actores del ámbito político y empresarial, lo que podría ampliar el alcance del expediente en las próximas semanas.