Crimen de un niño en Comodoro: detienen a la madre y al padrastro y los imputarán por homicidio agravado

En el marco de la investigación por la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia, la Policía de Chubut detuvo a su madre, Mariela Altamirano, y al padrastro, Maicol González. Ambos serán imputados por el delito de homicidio agravado por el vínculo, tras confirmarse que el menor presentaba lesiones previas compatibles con violencia.

Los arrestos se concretaron durante la noche del domingo, cerca de las 21:30. Altamirano fue alojada en la comisaría de Rada Tilly, mientras que González fue trasladado a una dependencia policial de barrio Mosconi. En tanto, la beba en común de la pareja fue derivada a Córdoba, donde reside parte de la familia materna.

Según fuentes de la causa, la autopsia preliminar determinó que el niño tenía traumatismos en la zona craneal y signos de golpes ocurridos al menos diez días antes de su fallecimiento. Estos hallazgos contradicen la versión inicial de la madre, quien había asegurado que el menor se descompensó mientras dormía.

Ángel había ingresado al Hospital Regional el 5 de abril en estado crítico, luego de ser trasladado por el servicio de emergencias. Presentaba paro cardiorrespiratorio, inconsciencia y un cuadro general grave. Durante el traslado recibió maniobras de reanimación y medicación, mientras que al llegar al centro de salud fue intubado de urgencia y asistido con ventilación mecánica. Pese a los esfuerzos médicos, falleció dos días después.

Un informe clave del hospital señaló que los paramédicos advirtieron la existencia de un traumatismo previo, lo que reforzó las sospechas de los investigadores. El fiscal de la causa, Facundo Oribones, aguarda ahora el informe forense final para avanzar en la imputación formal prevista para este martes.

Por otra parte, el padre biológico del niño, Luis López, amplió su denuncia penal y no solo apuntó contra la madre y su pareja, sino también contra funcionarios judiciales y organismos de protección de la niñez. En su presentación, sostuvo que existieron advertencias previas que no fueron atendidas y denunció una posible corresponsabilidad estatal por omisión.

El escrito plantea que la muerte del menor no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de conductas evitables tanto por parte del entorno familiar como de quienes debían garantizar su protección. Además, testimonios incorporados a la causa indican que la madre habría tenido conocimiento de situaciones de violencia previas contra el niño, lo que podría agravar aún más su situación judicial.

La causa continúa en plena etapa investigativa, mientras la sociedad local sigue con atención un caso que genera profunda conmoción.