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Liberan de sospechas a cinco policías de La Bebida tras condena a un compañero por detención ilegal

La jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, dictó el sobreseimiento de cinco efectivos de la Comisaría 34º de La Bebida, involucrados en la detención ilegal de un menor de 16 años, luego de que un solo oficial, Leandro David Escobar, fuera condenado a un año de prisión condicional por su participación en el hecho.

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En un reciente fallo judicial, la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, dictó el sobreseimiento de cinco policías de la Comisaría 34º de La Bebida, quienes habían sido investigados por la detención ilegal de un menor de 16 años. La decisión se tomó tras la condena de un solo efectivo, el oficial Leandro David Escobar, quien recibió un año de prisión condicional y dos años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

El incidente se remonta al 11 de julio de 2022, cuando el menor fue aprehendido en la comisaría después de ser acusado de intentar robar dos cascos de una moto. Según la acusación, Escobar interrogó al joven y luego ordenó que fuera recluido en la sala de sumarios, donde, presuntamente, fue sometido a gritos y golpes para que revelara la ubicación de los objetos robados. Tras obtener la información, los policías recuperaron lo sustraído y posteriormente entregaron al menor a sus padres sin emitir ningún tipo de acta.

El caso generó preocupaciones sobre la conducta de los efectivos involucrados. Sin embargo, el fiscal Francisco Micheltorena, al analizar los elementos de prueba recabados durante la investigación, solicitó el sobreseimiento de los otros cinco uniformados, quienes habían sido señalados como partícipes necesarios del hecho.

El sobreseimiento fue otorgado para Kevin Ariel Sánchez (22), Micaela Alejandra Agüero Godoy (28), María Paula del Rosario Heredia Atampiz (27), Julio César Salinas (35) y Gabriela Alejandra Sosa (27). Aunque Sánchez había sido considerado autor junto a Escobar, la jueza determinó que no había pruebas suficientes para mantenerlo bajo sospecha.

Este desenlace ha levantado interrogantes sobre la rendición de cuentas dentro de la fuerza policial, así como la adecuada supervisión en la detención de menores. La situación subraya la importancia de seguir protocolos establecidos en el manejo de casos que involucran a jóvenes, así como la necesidad de garantizar sus derechos.

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