TENSIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE SAN JUAN POR LA DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN EL IPEEM
Según la Ley 387-A, al justicialismo de San Juan no le tocaría ningún cargo en el Ipeem. Sin embargo, apuntan a que por el “espíritu de la ley” el oficialismo (orreguismo) les tiene que ceder una vocalía.
En una sesión marcada por desacuerdos, la Cámara de Diputados de San Juan ha entrado en un cuarto intermedio debido a la disputa sobre la asignación de cargos en el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem). La ley en cuestión, la 387-A, establece claramente la distribución de cargos, pero el justicialismo busca interpretar el «espíritu de la ley» para obtener una vocalía.
Según la Ley 387-A, el partido justicialista de San Juan no tiene derecho a ninguna vocalía en el Ipeem. Sin embargo, insisten en que, según el «espíritu de la ley», el oficialismo debería cederles una vocalía. Producción y Trabajo se mantiene firme, afirmando que la legislación no permite interpretaciones y que no cederán ningún cargo.
El cambio de Gobierno en Diputados ha configurado nuevos estamentos, con el justicialismo como mayoría, Producción y Trabajo como primera minoría, y el bloquismo como segunda minoría. La ley establece que dos cargos en el Ipeem son decididos por el Poder Ejecutivo, liderado por Marcelo Orrego, y un vocal corresponde a la primera minoría. La discordancia surge porque la legislación se diseñó considerando casos en los que el Ejecutivo tiene mayoría en Diputados, situación que no se da actualmente.
El presidente del bloque justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, argumenta que «el espíritu de la ley» busca la igualdad en la distribución de cargos, aunque la legislación sea clara en su articulado. En respuesta, el presidente de Producción y Trabajo, Juan de la Cruz Córdoba, enfatiza que no cederán ningún cargo, citando al gobernador Orrego: «Dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada».
La sesión se reanudará el 21 de diciembre, y los diputados deberán resolver la situación. Córdoba sostiene que, según la ley, los cargos del Tribunal de Cuentas ya estarían distribuidos.
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