Escándalo en la ANDIS: Desvío de USD 3.400 Millones y Pensiones Fraudulentas

El Gobierno ha denunciado un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podría haber desviado hasta 3.400 millones de dólares. Según las nuevas autoridades del organismo, que ahora depende del Ministerio de Salud, el desvío de fondos representa un 40% del monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad.

La denuncia penal presentada por el director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, revela una serie de irregularidades graves. Entre ellas, se ha encontrado una radiografía de un perro en un expediente para una pensión por invalidez laboral. Las auditorías iniciales muestran que solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos.

Las investigaciones han descubierto casos de documentos médicos fraudulentos, como una radiografía repetida en varios expedientes y certificados médicos que incluían poemas en lugar de diagnósticos reales. Los funcionarios de ANDIS han indicado que, en el período bajo revisión, entre el 30% y el 50% de las pensiones otorgadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner podrían ser dadas de baja tras una auditoría exhaustiva.

Además, se identificaron otras irregularidades, como gastos injustificados en eventos y contrataciones, que suman millones de pesos en «agasajos» y otros gastos no relacionados con la asistencia a personas con discapacidad. También se han detectado casos de personas con propiedades lujosas y vehículos que recibían pensiones, así como una cantidad significativa de beneficiarios con incompatibilidades médicas.

La investigación también ha revelado un uso indebido del Programa Nacional Incluir Salud, que brindaba cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas. Se sospecha que los involucrados en la estafa facturaban servicios no prestados, aumentando el desvío de fondos.

La denuncia apunta a una serie de resoluciones y decretos emitidos a partir de 2020 que flexibilizaron los criterios para el otorgamiento de pensiones, facilitando el acceso a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral. Se estima que hoy en día hay alrededor de 1.250.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, de las cuales se identificaron 100.000 asignadas a niños, 25.000 a personas que trabajan, 60.000 con incompatibilidades de requisitos y 30.000 a extranjeros con condiciones de residencia desconocidas.

Este escándalo pone en evidencia un sistema de pensiones altamente susceptible al fraude, que ha sido utilizado para beneficios políticos y arreglos, vulnerando gravemente los derechos de las personas con discapacidad y desviando fondos destinados a quienes realmente los necesitan. La investigación continúa en los tribunales de Comodoro Py bajo la supervisión del fiscal federal Guillermo Marijuan.