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El Gobierno Inicia la Implementación de la Ley Bases con Cambios en Privatizaciones y Empleo Público

A más de un mes de su aprobación en el Congreso, la primera fase de la Ley Bases comienza a aplicarse, abriendo el camino para la privatización de empresas estatales, la reorganización de organismos descentralizados y la reducción de personal en el sector público.

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A más de un mes de la aprobación en el Congreso, el Gobierno ha comenzado a poner en marcha la primera fase de la Ley Bases, centrada en la privatización de empresas estatales y la reorganización del empleo público. Esta reglamentación marca el inicio de un proceso de reestructuración que incluye cambios significativos en la administración pública y la gestión de organismos descentralizados.

 

Entre los principales cambios, la Ley Bases autoriza al Ejecutivo a reordenar la administración pública, permitiendo la reducción de la estructura estatal para reducir el déficit. Esto incluye la posibilidad de modificar, eliminar, fusionar o transferir a las provincias diversos organismos descentralizados, excluyendo instituciones como universidades nacionales y órganos judiciales o legislativos. Sin embargo, entidades clave como CONICET, ANMAT, ENACOM y SENASA no están sujetas a disolución.

 

En el ámbito de las privatizaciones, la ley permite que seis empresas estatales sean privatizadas completamente, mientras que otras dos cambiarán su estructura sin perder la participación mayoritaria del Estado. Entre las compañías afectadas se encuentran ENARSA, Intercargo, Aysa y Belgrano Cargas, con procesos de privatización y concesión previstos.

 

El Ejecutivo también está habilitado para renegociar o rescindir contratos de obra pública que superen los diez millones de módulos, siempre que estos contratos no estén en un 80% de ejecución o financiados internacionalmente.

 

En cuanto al empleo público, la reglamentación permite la reducción de personal, con la posibilidad de que algunos trabajadores queden en «situación de disponibilidad» por hasta 12 meses. Además, se establecerán mecanismos de selección basados en méritos y aptitudes para cubrir vacantes en el sector público.

 

Estas medidas, que comienzan a implementarse, forman parte de un esfuerzo más amplio para reorganizar el Estado y reducir el gasto público, siguiendo los lineamientos establecidos por la Ley Bases aprobada recientemente.

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