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CARNAVAL PRIVATIZADO: 630 MILLONES DE PESOS EN JUEGO

Por Rolando Chiffel, periodista

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En un giro controvertido, la intendenta de la Ciudad de Chimbas, Daniela Rodríguez, ha presentado la edición 2025 del Carnaval de Chimbas, pero esta vez bajo un modelo privatizado que promete revolucionar, o mejor dicho, dividir a la comunidad. En su presupuesto inicial, Rodríguez destinará 360 millones de pesos solo para el «armado estructural» del evento, un gasto que incluye el pago de sonido, pantallas y la construcción de los tradicionales «cosos».

A estos 360 millones se suman otros 300 millones de pesos, según informes de algunos dirigentes políticos, para cubrir los aspectos coyunturales del evento, como la contratación de personal y servicios diversos. Esto eleva el costo total del Carnaval de Chimbas privatizado a una suma impresionante de 630 millones de pesos.

El cambio de modelo también incluye modificaciones notorias en la dinámica del evento. Una de las más comentadas es la eliminación de los históricos locutores del carnaval, Omar Díaz y Raúl Vildozo, quienes ya no estarán a cargo de la conducción. La pregunta que surge es: ¿quién se beneficiará de este cambio?

Además, hay interrogantes sobre las condiciones laborales para aquellos que trabajen en el evento. En este sentido, se plantea una cuestión clave para los contratados: ¿serán obligados a trabajar gratis? Y, si algún contratado se niega a cumplir con su labor durante las noches del carnaval, ¿será despedido?

Estas preguntas apuntan a una posible explotación laboral en el marco de la privatización del evento, algo que no pasa desapercibido para la comunidad.

La intendenta, que ha sido descrita como una ferviente creyente en Dios y la Biblia, recibe una recomendación a través de los versos de Éxodo 20:15 y Deuteronomio 5:19, que abogan por la justicia y el respeto a los derechos de los demás.

El carnaval, más allá de ser una fiesta popular, se enfrenta a nuevos cuestionamientos sobre su organización, costos y el futuro de quienes lo hacen posible.
La gran pregunta es: ¿quién realmente se beneficiará con este modelo privatizado?

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