Empleados judiciales acusados de robo fueron suspendidos y enfrentan un sumario que podría terminar en cesantía

La investigación por el presunto robo de aires acondicionados del Poder Judicial sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que la Corte de Justicia decidiera suspender preventivamente a los dos empleados judiciales acusados de participar en las maniobras. Paralelamente, se abrió un sumario administrativo que podría derivar en la cesantía de ambos trabajadores.

Los involucrados son Juan José Gallardo, de 37 años, y Juan Pablo Albornoz, de 43, quienes comparecieron ante el juez de Garantías Matías Parrón y fueron imputados formalmente por el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi. Ambos quedaron acusados por el delito de peculado en calidad de coautores, figura contemplada en el artículo 261 del Código Penal Argentino.

La causa adquirió fuerte repercusión institucional debido a que los sospechosos son empleados del Poder Judicial y, según la investigación, habrían utilizado bienes estatales tanto para trasladar los equipos sustraídos como para beneficio personal. Entre los elementos señalados aparecen los aires acondicionados y una camioneta oficial.

Ante ese escenario, la Sala de Superintendencia de la Corte dispuso iniciar actuaciones administrativas para determinar responsabilidades internas y analizar el accionar de los trabajadores implicados, quienes negaron haber cometido delito alguno.

Fuentes vinculadas al máximo tribunal indicaron que el viernes pasado se concretó una reunión en la que se resolvió avanzar con el sumario. Para ello, se incorporaron informes de la Oficina de Patrimonio y también la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal.

Durante la audiencia realizada este lunes, el fiscal Grassi solicitó además que se notificara oficialmente a la Corte sobre las restricciones impuestas a los acusados, ya que las medidas judiciales les impiden regresar a sus puestos laborales mientras dure la investigación.

Si bien Gallardo y Albornoz recuperaron la libertad, deberán cumplir con presentaciones periódicas ante la Justicia y tienen prohibido mantener contacto con testigos vinculados a la causa.

En paralelo, la investigación administrativa continuará de manera independiente del expediente penal. No obstante, las posibles sanciones podrían alcanzar la máxima penalidad prevista para empleados públicos: la cesantía definitiva.

Por otra parte, el juez Parrón fijó un plazo de ocho meses de Investigación Penal Preparatoria para profundizar las averiguaciones. En ese contexto, también apareció mencionado un tercer hombre: Jorge Fernando Cataldo.

Cataldo permanecía prófugo y finalmente se entregó el domingo. Según declararon los dos empleados ya imputados, él habría sido quien ideó las maniobras investigadas, situación que ahora deberá ser esclarecida por la Justicia.