ESCÁNDALO LEGAL: EX ABOGADO DE GARDER SALUD ACUSADO DE FALSIFICAR FIRMAS EN MILLONARIA DEMANDA
El ex abogado de Garder Salud, Gabriel Silva, enfrenta graves acusaciones por parte de la fiscalía, que lo señala por falsificar la firma de la apoderada de la empresa en dos ocasiones. El caso arroja sombras sobre la prestadora de la Obra Social Provincia y plantea interrogantes sobre la integridad de una millonaria demanda contra la OSP.
En un giro legal impactante, el ex abogado de Garder Salud, Gabriel Silva, se encuentra en el ojo del huracán después de ser acusado de falsificar la firma de la apoderada de la empresa en dos ocasiones. La fiscalía ha imputado a Silva por este delito, lo que podría llevarlo tras las rejas, mientras que la jueza de Garantías ha ordenado una investigación de seis meses.
La denuncia proviene de Marilina De la Fuente, socia de la firma sanjuanina, quien alega que Silva falsificó su firma en dos presentaciones ante el Juzgado Contencioso Administrativo. Según la teoría del caso, el ex abogado presentó un formulario de conciliación obligatoria con una firma apócrifa, buscando iniciar una demanda millonaria contra la Obra Social Provincia (OSP) por una deuda de 80 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente presentó un segundo documento solicitando la desestimación de la demanda, también con la presunta firma falsificada de De la Fuente.
Los fiscales, Leonardo Aranciabia y Adrián Riveros, sostienen que Silva incurrió en el delito de falsificación de un instrumento público, según el artículo 292 del Código Penal, que conlleva una pena de 1 a 6 años de prisión. En la audiencia, los abogados defensores de Silva argumentaron que la imputación era excesiva y sugirieron que la falsificación debía considerarse como un instrumento privado en lugar de público.
La jueza Verónica Gloria Chicón resolvió una Investigación Preliminar Preparatoria de seis meses y decidió que Silva permanezca en libertad durante el proceso. El caso arroja nuevas sombras sobre Garder Salud, ya bajo sospecha de estafa, y plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de la presunta falsificación de firmas en la millonaria demanda contra la OSP.
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