EL DIARIO DIGITAL DE LOS ALBARDONEROS

Denuncian a Entrenador de Boxeo del SEP por Abuso Sexual de Menor

Un entrenador de boxeo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), identificado como Leonardo Martínez, ha sido denunciado por el abuso sexual de una alumna menor de edad.

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El acusado, que impartía clases en el gimnasio del SEP, fue detenido el lunes por la policía, pero quedó en libertad tras una audiencia con la jueza de Garantías, Irene Mabel Moya. La fiscalía, sin embargo, considera la imputación lo suficientemente grave como para solicitar prisión preventiva, lo que será revisado por el Tribunal de Impugnación.

Según la denuncia presentada el viernes pasado, la víctima, una adolescente de 15 años, relató que había sido agredida sexualmente en varias ocasiones entre julio y agosto de este año. Los hechos habrían ocurrido en el gimnasio de la sede gremial del SEP, donde el entrenador daba clases y donde la joven asistía regularmente.

La denuncia se corroboró con informes del médico legista, que encontraron lesiones en las partes íntimas de la menor. Los fiscales Valentina Bucciarelli y Nahuel Ibazeta solicitaron la aprehensión de Martínez, quien fue arrestado en su domicilio en Villa Seminario, Rivadavia.

Martínez, que también entrenaba a otras menores, decidió abstenerse de declarar frente a la jueza. Aunque la libertad fue otorgada bajo ciertas condiciones, el Ministerio Público se opuso y buscará la prisión preventiva argumentando que el acusado podría entorpecer la investigación o influir en potenciales testigos.

La noticia ha causado conmoción en el sindicato, históricamente vinculado al desarrollo deportivo en San Juan. La comunidad ha expresado su rechazo mediante panfletos colocados en la puerta del gimnasio del SEP. Además, una joven en un grupo de WhatsApp de alumnos expresó su solidaridad con la denunciante y anunció que dejaría de asistir a las clases. Este mensaje fue posteriormente borrado y la joven fue eliminada del grupo por un administrador vinculado al acusado.

El entrenador ahora enfrentará el proceso penal en la UFI ANIVI. Si es hallado culpable, podría enfrentar una condena mínima de 8 años de prisión efectiva.

 

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