EL DIARIO DIGITAL DE LOS ALBARDONEROS

Condenaron a un empleado judicial por filtrar datos a la banda de los “roba ruedas”

Adolfo Andrés Holeywell, jefe de Despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad, admitió haber entregado información clave a delincuentes y recibió un año de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.

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El escándalo que sacudió a Tribunales en San Juan tuvo este viernes un desenlace judicial inmediato. Adolfo Andrés Holeywell, jefe de Despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad, fue condenado a un año de prisión en suspenso tras admitir que filtraba información sensible a la banda delictiva conocida como los “roba ruedas”.

La audiencia estuvo presidida por la jueza de garantías Gloria Chicón y se resolvió mediante un juicio abreviado acordado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Holeywell reconoció haber entregado datos sobre allanamientos y órdenes de detención a los delincuentes, lo que permitió a los investigados anticiparse a los operativos y frustrar acciones claves.

De acuerdo con la investigación, el funcionario era mencionado en escuchas telefónicas como “Adolfo” o “veedor judicial”. Fue gracias a esas filtraciones que Pablo Emmanuel Díaz, uno de los principales sospechosos, logró evadir un allanamiento previsto para el 15 de mayo de 2025. “El fracaso de la investigación se debió a la información que recibieron de Holeywell”, sostuvo el fiscal Adolfo Díaz durante la audiencia, acompañado por el ayudante fiscal César Recio.

La condena, homologada por la jueza Chicón, establece un año de prisión en suspenso, lo que significa que el imputado no quedará tras las rejas, pero quedará bajo registro penal y deberá cumplir estrictas condiciones de conducta.

La Fiscalía de Estado intervino como querellante a través de los abogados Gabriel Sanz, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo, mientras que la defensa estuvo a cargo de Jorge Olivera Legleu y César Jofré.

El caso dejó al descubierto un grave hecho de corrupción interna que puso bajo la lupa al Poder Judicial provincial, encendiendo alertas sobre la seguridad institucional y la ética en el desempeño de funcionarios dentro del ámbito judicial.

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