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USURPACIÓN EN POCITO: DICTAN LA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO Y DESALOJAN LOS TERRENOS FISCALES NACIONALES

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El Juzgado de Faltas de Pocito encabezó un operativo con intervención social, sanitaria y de seguridad. La mayoría de las familias se retiró de manera voluntaria y sin uso de la fuerza pública.

Por Redacción infoalbardon 23 de febrero de 2026

El procedimiento judicial que permitió levantar la usurpación de los terrenos fiscales nacionales ubicados en las ex vías del ferrocarril, entre calle 13 y calle 14 en Pocito, se desarrolló bajo un esquema preventivo y con fuerte presencia de organismos del Estado. La medida fue encabezada por el Juzgado de Faltas del departamento, a cargo de Sergio Martín Escamilla, quien explicó que el objetivo central fue evitar riesgos sanitarios, conflictos sociales y posibles hechos de violencia.

Más de 60 familias habían ocupado el predio durante la madrugada del viernes, levantando construcciones precarias con palos, nylon y materiales de extrema fragilidad. Se trata de una zona sin servicios básicos, sin red de agua potable ni energía eléctrica, y con antecedentes de asentamientos que en el pasado fueron erradicados mediante programas del Instituto Provincial de la Vivienda.

Según detalló el magistrado, el operativo no se limitó a una orden administrativa sino que incluyó presencia territorial para dialogar con los ocupantes. “Acompañé a la gente para ponerle cara a la resolución y explicar en un lenguaje llano el porqué de la medida”, sostuvo. En ese marco, remarcó que la mayoría de las familias comprendió la situación al ver el despliegue y accedió a retirarse voluntariamente, sin necesidad de recurrir a la fuerza pública.

INTERVENCIÓN DE ÁREAS SOCIALES Y SANITARIAS

Del procedimiento participaron la Secretaría de Obras y la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, el servicio de emergencias 107 y la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia de la provincia, además de la Policía para garantizar el orden público. También hubo veedores judiciales y registro fílmico de todo el operativo para asegurar transparencia.

El carácter preventivo de la medida estuvo vinculado principalmente a los riesgos para la salud. En el lugar se detectaron condiciones insalubres y la posible presencia de alacranes, arañas y vinchucas, lo que representaba un peligro directo para los niños que se encontraban en el asentamiento. A esto se sumaba la fragilidad de las estructuras ante fenómenos climáticos o sismos.

En paralelo, el juez señaló que la intervención también buscó llevar tranquilidad a los vecinos colindantes, propietarios legítimos de terrenos en la zona, quienes ya habían realizado denuncias y comenzaban a organizarse ante el avance de la toma.

PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO Y CUSTODIA DEL PREDIO

La resolución estableció un período de prohibición de acercamiento para las familias que ocupaban el lugar. Durante los próximos días el predio permanecerá custodiado para impedir nuevos asentamientos, hasta tanto el Estado nacional —titular de las tierras— defina las acciones a seguir.

A quienes se retiraban se les permitió llevarse los materiales utilizados en las construcciones precarias. En los casos en que no podían trasladarlos, la Secretaría de Obras se encargó de la remoción.

CONSECUENCIAS LEGALES DE LA USURPACIÓN

Escamilla aclaró que la usurpación de terrenos constituye un delito penal y excede la competencia contravencional del Juzgado de Faltas. “No se trata de una multa: son penas de prisión que se cumplen en el Servicio Penitenciario”, advirtió.

El magistrado subrayó que el acceso a la vivienda “no puede darse mediante la ocupación ilegal” y que el abordaje debe canalizarse a través de las vías formales y los programas habitacionales vigentes. Al mismo tiempo, destacó que el enfoque social del operativo permitió resolver la situación sin detenidos ni hechos de violencia.

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