Branka Motors ofreció $420 millones para indemnizar a casi 300 denunciantes

La firma Branka Motors formalizó una oferta de 420 millones de pesos con el objetivo de compensar a los 287 clientes que la denunciaron por incumplimientos en la entrega de motocicletas. La propuesta fue presentada ante el fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, y ahora deberá ser evaluada tanto por el Ministerio Público como por los damnificados y sus representantes legales.

El ofrecimiento fue canalizado por los abogados defensores de Alexis y Jonathan Marco y de Facundo Banega, señalados como principales responsables de la empresa, quienes buscan encauzar el conflicto a través de un acuerdo de reparación integral. Esta figura jurídica permitiría, en caso de prosperar y contar con la conformidad de las partes, suspender la acción penal.

Por el momento no trascendieron detalles sobre el esquema de pago ni los plazos previstos. La viabilidad del planteo dependerá de que el monto y las condiciones resulten satisfactorios para quienes denunciaron haber abonado motocicletas que nunca fueron entregadas o cuyo dinero no fue reintegrado.

El caso tomó notoriedad pública el 16 de enero de 2026, tras un procedimiento policial en el local de la empresa ubicado en avenida Rioja y 25 de Mayo. En esa oportunidad fue detenido un hombre acusado de intentar retirar un rodado sin autorización, aunque presentó un contrato de compra-venta que respaldaba la operación. La causa fue caratulada como hurto simple en grado de tentativa y posteriormente se resolvió mediante probation, pero el episodio expuso un conflicto de mayor magnitud.

Días después, el 19 de enero, un numeroso grupo de clientes se concentró frente a la concesionaria para exigir la entrega de los vehículos o la devolución del dinero. La protesta derivó en momentos de tensión y requirió intervención policial. A partir de entonces se multiplicaron las denuncias formales y la investigación pasó a manos de la UFI especializada, que analiza si existió una maniobra sistemática.

En paralelo, la Dirección de Defensa al Consumidor aplicó a la empresa una multa cercana a los 2.900 millones de pesos por incumplimientos contractuales. Si bien esa sanción administrativa no implica un resarcimiento automático para los afectados, sí refuerza el cuadro de irregularidades detectadas.

Entre las pruebas incorporadas a la causa figuran contratos aportados por querellantes, entre ellos la abogada María Filomena Noriega. En esos documentos se establecía un plazo máximo de 20 días hábiles para la entrega de la motocicleta tras la confirmación del pago y, ante falta de stock, la obligación de entregar un rodado de similares características o devolver el dinero. Según los denunciantes, esas condiciones no se habrían cumplido en numerosos casos.

Otro aspecto bajo análisis es que los contratos estaban suscriptos por la “administración” de la firma, sin identificación de personas físicas responsables, lo que para la acusación podría reforzar la hipótesis de un accionar organizado.

La causa ya contabiliza 287 denunciantes y derivó en allanamientos tanto en el local céntrico de Branka Motors como en otro comercio vinculado, mientras la investigación continúa. La oferta económica abre ahora una instancia de negociación, aunque resta definir si la empresa podrá afrontar el monto propuesto y si los damnificados aceptarán esa alternativa como vía de solución.