Santa Lucía: imputan a un hombre de 65 años por presunto abuso sexual contra dos jóvenes trans
La investigación está a cargo de la UFI CAVIG. El acusado, un exportero que decía desempeñarse como entrenador de hockey sobre patines, quedó en libertad con restricciones mientras avanza la causa.
La Justicia investiga a un hombre de 65 años acusado de haber cometido dos hechos de abuso sexual simple contra jóvenes trans en el departamento Santa Lucía. Se trata de Jorge Luis Peña, un exportero del Ministerio de Educación que, según la denuncia, se presentaba además como entrenador de hockey sobre patines.
La causa es tramitada por la UFI CAVIG, donde las denunciantes de 18 y 19 años al momento de radicar la acusación relataron episodios ocurridos en octubre y noviembre de 2025.
De acuerdo con fuentes judiciales, en ambos casos el hombre habría utilizado engaños para que las jóvenes acudieran a su domicilio. Una vez allí, presuntamente las encerró con llave y realizó tocamientos indebidos mientras intentaba avanzar sexualmente.
El primer hecho habría tenido lugar a mediados de octubre, cuando una de las denunciantes acudió a la vivienda tras recibir un ofrecimiento de ayuda con mercadería. Según su relato, el acusado cerró la puerta con llave, efectuó comentarios de contenido sexual y la agredió físicamente. La joven logró escapar luego de forcejear y pedir auxilio.
El segundo episodio se registró a comienzos de noviembre. En esa oportunidad, la otra denunciante se presentó en el domicilio ante una supuesta propuesta laboral vinculada a la Fiesta Nacional del Sol. Siempre según la acusación, fue encerrada y manoseada, aunque consiguió comunicarse por teléfono para pedir ayuda, lo que permitió que finalmente pudiera retirarse del lugar.
La imputación fue formulada por la fiscal Claudia Ruíz Carignano junto al ayudante fiscal Omar Galiano, quienes sostienen que el acusado se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las jóvenes.
Durante la audiencia, Peña se abstuvo de declarar. La defensa solicitó que transitara el proceso en libertad, planteo que fue admitido por la jueza de garantías Celia Maldonado. La magistrada dio por formalizada la imputación, estableció un plazo de un año para la Investigación Penal Preparatoria y ordenó la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con las denunciantes y su entorno familiar.
Los comentarios están cerrados.